La Superintendencia de Bancos afirmó que no se opone a que el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor) ejerza las facultades que le son conferidas por la Ley, sobre el registro de los contratos de adhesión empleados por las entidades de intermediación financiera. Sin embargo, dijo que tal prerrogativa no resulta excluyente de las competencias que corresponden a  la  Superintendencia, como organismo supervisor del sector financiero nacional, para canalizar las solicitudes de información demandadas por cualquier órgano ajeno a la Administración Monetaria y Financiera, incluyendo los contratos de adhesión.

La SB, que dirige Haivanjoe NG Cortiñas,  explicó que conforme lo establece el Art. 223 de la Constitución de la República, la regulación del sistema monetario y financiero de la nación le corresponde a la Junta Monetaria.

Además, indica que la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, en su Art. 5, literal a, establece que la Administración Monetaria y Financiera está compuesta por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, siendo la Junta Monetaria el órgano superior de ambas entidades.

Agrega que la SB, como órgano de la Administración Monetaria y Financiera, es compromisoria del cumplimiento de todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que garanticen una efectiva protección de los derechos de los usuarios del sistema financiero. “A tales fines, mantenemos una estrecha supervisión de todas las obligaciones impuestas por la regulación a las entidades de intermediación financiera, en torno a la preservación de los derechos de los usuarios, la transparencia y las buenas prácticas bancarias”, expresó.

Dijo que la SB  mantiene un seguimiento permanente de los contratos de adhesión que emplean las entidades de intermediación financiera con sus usuarios, a través de la revisión y aprobación de los mismos, a la luz de las disposiciones establecidas en las leyes Monetaria y Financiera y General de Protección de los Derechos del Consumidor y el Reglamento de Protección al Usuario de Servicios Financieros.