Se está hablando de establecer el voto obligatorio. Dirigentes políticos, analistas, como juristas importantes, han manifestado posiciones encontradas. Unos lo favorecen y otros lo rechazan. Unos lo ven desde el punto de vista puramente jurídico y otros lo analizan políticamente.
Unas y otras posiciones pueden tener muchos aspectos a tomar en consideración por los ciudadanos y los legisladores que a fin de cuentas serían quienes tomarían la decisión. Pero de cualquier forma, valdría la pena pensar serenamente en algunas cuestiones, legales o prácticas, si se llegara a establecer el voto obligatorio.
En caso de que se reglamente por ley, habría que tomar en cuenta cualquier artículo constitucional que pudiera ser considerado contradictorio a dicha disposición, a fin de evitar consecuencias que, en vez de brindarle a la democracia un bastón de apoyo, se constituya en un factor de dudas y de crisis.
Habría que establecer las sanciones para quienes no cumplan con ese deber ciudadano de votar, convertido en obligación. Pero conjuntamente con eso, tendrían que crearse los mecanismos responsables de su aplicación. Con la facultad y la fuerza suficientes para aplicar dichas sanciones. Determinando si lo harían las propias instancias electorales, o si se haría por vía de los tribunales ordinarios.
Dentro de las formas para implementar y aplicar las sanciones a quienes no cumplan con esa obligación ciudadana, si se llegase a establecer, habría que señalar las razones de fuerza mayor que pudieran presentarse, a fin de que el incumplimiento con la obligación de ejercer el sufragio no se considere sancionable.
Y ahí precisamente es donde la puerca podría retorcer el rabo. Porque como habría que enunciar varias razones de fuerza mayor, ellas de por sí, podrían convertirse en argumentos para los incumplidores, o para sus abogados. Dependiendo, como decía anteriormente, cuales instancias conocerían de tales infracciones. Porque aquí hay experiencias más que sobradas para comprender que, en materia de incumplimientos, muchas sanciones no se aplican.
Por otra parte, para darle mayor valor y justificación a la obligatoriedad, y que a su vez motive a los ciudadanos que no sientan deseos de votar, por múltiples razones, habría que establecer el Voto en Blanco. Para que todo aquel que por ley se vea obligado a votar, pero sin sentir motivación para hacerlo, que ese ejercicio ciudadano, si se quiere forzado, no se convierta en un simple protocolo de acudir a una mesa para no votar por nadie, porque no tendría sentido. Si no, que pueda votar en una casilla habilitada para tales fines. Y que esos votos se computen, como demostración de que no aprueban los candidatos, sus propuestas, los partidos, o el sistema como tal.
Pero deseo recordar, que en 1970 y 1974, años en que muchos ciudadanos nos abstuvimos de votar, pero se hacía imprescindible que la cédula tuviera el sellito validado por la JCE para poder realizar actividades de cualquier tipo, muchos acudimos a lugares (partidos opositores entre ellos) donde le ponían clandestinamente a la cédula: “VOTÓ”. Era la época en que el gobierno quería obligatoriedad, ahora es la oposición.