Las medidas oficiales contra la violencia, que incluyen restricciones de las horas de expendio de bebidas alcohólicas, han resultado ser indiscutiblemente beneficiosas para la tranquilidad de los dominicanos.
Lo primero es que han contribuido a disminuir de manera dramática el número de muertos y heridos en hechos violentos, y por ende la demanda de servicios de salud en los hospitales en horas avanzadas de la noche.
Los efectos de esas medidas han bajado, también, los preocupantes índices de muertos y heridos en accidentes de tránsito provocados por conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas, así como el ausentismo escolar y laboral resultantes de las consabidas resacas.
Otra consecuencia positiva es que las restricciones en las horas de venta de alcohol, de alguna manera, han devuelto la tranquilidad a muchos hogares, cuyos integrantes se trasnochaban en fiestas y parrandas, trastornando el sueño de sus parientes en la casa.
Al estar circulando por las calles menos gente bajo efectos del alcohol en horas de la noche y la madrugada, han disminuido sustancialmente los frecuentes asaltos y sustracciones de vehículos de motor. En las calles hay menos armas a disposición del crimen.
Las estadísticas a partir de la puesta en vigencia de estas medidas no dejan mentir sobre los resultados positivos logrados y lo bien que la gente valora esos logros.
II
Por las razones anteriores y otras que sería prolijo enumerar, las autoridades deberían sentirse estimuladas a, en vez de ceder a peticiones de aflojamiento, apuntalar estas medidas y hacerles los ajustes necesarios para continuar garantizando su efectividad.
Es más, disposiciones como las que restringen las ventas de bebidas alcohólicas deberían estar consignadas en leyes, en vez de decretos, entre otras cosas porque en la República Dominicana el consumo de alcohol puede ser considerado un problema de salud pública. En buen derecho, es fácil argumentar, con éxito, que lo que la ley no prohíbe está permitido, y un decreto no tiene el peso jurídico de una ley.
Quienes han visitado Nueva York, Nueva Jersey y otros estados de Estados Unidos, por tomar un ejemplo a la mano, saben muy bien que allí hay restricciones muy severas relacionadas con el expendio, transporte y consumo de bebidas alcohólicas. Allí, el parroquiano ni el turista pueden beber a la hora y bajo las condiciones que se les antoje, como tampoco pueden actuar de ese modo los dueños de establecimientos de venta de bebidas espirituosas.
Es inconsistente y fofo el argumento de que si no se derogan las restricciones en ese sentido, el turismo se va a resentir y la economía del país resultaría perjudicada.
Los resultados de una de las más recientes encuestas Gallup-HOY indican que la gran mayoría de los dominicanos respalda las medidas antidelincuencia y su mantenimiento.
Este sondeo lo que revela es que el país valora en toda su dimensión la recuperación de la seguridad perdida y respalda el sostenimiento de las medidas que han permitido restablecer esa seguridad.
Así las cosas, lo justo es que no demos ni un paso atrás.