SAMUEL SANTANA
Tanto las autoridades como los sectores importantes de la sociedad dominicana deben hacer todo lo posible para evitar que República Dominicana llegue a la manifestación de una violencia y delincuencia idénticos a otros países latinoamericanos.

Más aún, hay que impedir a como dé lugar que la sociedad entera caiga en un estado de pavor y de impotencia.

Por doquiera que uno mire, la triste realidad es que la maldad ruge cual fiera salvaje que desea causar estragos y llevarse todo en sus garras salvajes.

Dentro de este contexto, es indignante escuchar las quejas de sectores que claman por flexibilidad ante unas medidas que han dado muestra de ser efectivas contra el auge delincuencial que en los meses pasados se había desatado en el país.

Parece ser que esos sectores desean que se produzca el establecimiento de la paz en la nación, pero sin que a ellos les cueste absolutamente nada. El interés particular quiere predominar por encima del beneficio colectivo.

Toda medida establecida tiene sus consecuencias a favor y en contra. Pero la paz pública y el desarrollo normal de la nación no pueden estar supeditados al capricho de nadie. Eso está por encima de todo.

Las medidas que el Gobierno y las autoridades han implementado como respuesta al auge desbordado de la violencia y de la delincuencia han sido muy positivas.

El grueso del pueblo aplaude esta decisión. Hasta ahora todo ha sido muy positivo. No hay porque variarlas.

Ni el Presidente de la República ni los organismos de seguridad deben flexibilizarlas. Todo lo contrario, los ciudadanos creemos que se deben seguir reforzando y apretando más.

Si esta situación no se detenía, sería letal el daño que sufriría el país a causa de la mala imagen que se proyectaría en el exterior y a causa de la intranquilidad social que sufriríamos los dominicanos. La violencia y la delincuencia son males que hoy tienen a muchas sociedades postradas de rodillas.

Recientemente fue publicado un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual revela que en América Latina se cometen cada año más de 90.000 homicidios con armas de fuego.

El informe señala además que en las dos últimas décadas la violencia fue la principal causa de muerte entre los latinoamericanos de entre 15 y 44 años.

Otra nota negra la coloca Amnistía Internacional (AI) al manifestar que en el Brasil mueren dos veces más jóvenes a causa de homicidios que de accidentes de tráfico. Esto ha llevado a que su capital, Sao Paulo, tenga la mayor demanda mundial per cápita de vehículos blindados para uso civil. Citan al narcotráfico como una de las fuentes principales que inciden en el auge de la violencia. Lo pernicioso de esta práctica se manifiesta en el hecho de que las mismas instituciones estatales se dejan corromper por esta flagelo maldito.

Las naciones que no se detienen a combatir la delincuencia con medidas drásticas y contundentes terminan muy mal.

Tenemos el caso de México, donde el narcotráfico se combina con el secuestro, la extorsión y el asesinato de jueces, periodistas y todo el que intente levantarse contra ese pulpo infernal.

La delincuencia allí ha tomado tanta fuerza que nada logra doblegarla a pesar de que el Gobierno mejicano decidió en los últimos años aumentar los fondos destinados a la seguridad ciudadana.

Y qué decir de una nación como Colombia, donde el pan de cada día son los secuestros, el negocio de las drogas, las revueltas y la muerte violenta de ciudadanos comunes y figuras importantes.

Aquí estamos todavía muy a tiempo de evitar un cuadro similar.

Hay que seguir apretando la muñeca contra la delincuencia, caiga quien caiga y sufra quien sufra.