MANAGUA (AFP).- La eventual ratificación de las reformas a la Constitución en el Congreso de Nicaragua en los próximos días avivó las contradicciones entre la oposición de izquierda y derecha con el gobierno de Enrique Bolaños.

Los cambios constitucionales que eliminan la potestad del presidente de nombrar ministros, viceministros y embajadores, fueron introducidos en la agenda legislativa de la sesión plenaria convocada para el jueves por la junta directiva, dijo a la AFP su presidente, René Núñez.

Núñez confirmó que existe voluntad para ratificar las reformas, aprobadas en primera instancia el 25 de noviembre, pero no adelantó una fecha en la que se haría.

Un primer paso en la ratificación sería enviar las enmiendas a una comisión especial que haría las consultas con distintos sectores.

Cualquiera que sea la fecha para la ratificación, la cuenta regresiva estaría en marcha a partir del jueves, al margen de una medida cautelar de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) ordenando detener el procedimiento hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie sobre un recurso interpuesto por Bolaños.

La CSJ desestimó el viernes la resolución del tribunal regional argumentando que éste no tiene competencia para conocer sobre el tema, que es interno y de resorte de las autoridades nicaragüenses.

El canciller Norman Caldera advirtió el lunes que una eventual ratificación de las reformas sería violatoria de la decisión de la CCJ, lo que pondría a los legisladores al margen de la ley.

«Es posible que la OEA pueda intervenir de distintas maneras (en el conflicto), estamos estudiando eso», declaró Caldera a periodistas.

Según el funcionario, la OEA podría intervenir porque lo solicita el gobierno de Nicaragua u otro país amigo que considere que el conflicto interno en el país puede poner en peligro el equilibrio entre los poderes del Estado.

Las advertencias del gobierno fueron respondidas en el Congreso con la amenaza de destituir a Bolaños de su cargo por invocar la intervención extranjera.

En ese ambiente, representantes de la CSJ, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Fiscalía General, la Contraloría y el vicepresidente cerraron filas en torno al Legislativo para oponerse al gobierno de Bolaños.

La presidenta de la CCJ fue nombrada al frente de una comisión para explicar ante misiones internacionales las medidas adoptadas por el Congreso, como el desconocimiento del fallo de la CCJ.

El Ejército y la Policía se distanciaron el lunes del conflicto porque su naturaleza es de orden político.

«Entendemos que hay una contradicción profunda en el país entre los poderes del Estado, pero no le corresponde a la institución militar buscar una solución a esas contradicciones», manifestó el jefe del Ejército, Javier Carrión.

Por su parte, el director de la Policía, primer comisionado Edwin Cordero, indicó que «la inestabilidad es política y la tienen que resolver los políticos».

Según el diputado de la bancada azul y blanco, Jaime Morales, el uso de la fuerza para resolver el conflicto entre los poderes de Estado «es parte de la retórica» y mientras el conflicto «no se caliente y no pasemos de las tapas (palabras) a otras cosas, mejor que siga así».