CIUDAD HIDALGO.  AFP.  Leonora Gámez, una nicaragüense de 35 años, es obligada a prostituirse por unos cuatro dólares en un bar de la frontera del sur de México, donde la explotación sexual de indocumentadas centroamericanas es un problema social en expansión.

Esta morena bajita, que aparenta más edad, cayó atrapada en las redes de prostitución que operan en la zona cuando hace unos años dejó Nicaragua, el segundo país más pobre de América Latina después de Haití, con la intención de llegar a Estados Unidos, buscar un trabajo y prosperar. Pero hoy trabaja de mesera en una cantina de Ciudad Hidalgo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, donde le pagan 50 pesos mexicanos por cliente, un «servicio» sexual que dice le impuso la dueña del negocio como «requisito» para no denunciar su condición de indocumentada ante las autoridades migratorias mexicanas.