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MANAGUA (AFP).- Expectativas y rechazo levantó este jueves en Nicaragua el anuncio de la visita la próxima semana del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para contribuir a salir de una crisis institucional que enfrenta al gobierno con el Congreso.
«Vamos a conversar el (próximo) miércoles con la OEA, y pedir su ayuda para poder llevar a cabo un diálogo amplio que dé resultados positivos para el país», anunció el presidente Enrique Bolaños, tras un acto en Casa Presidencial.
Bolaños pidió el lunes pasado el apoyo a la Organización de Estados Americanos para frenar la embestida política que sus adversarios del Congreso -el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha)- emprendieron contra su gobierno.
Ambos partidos formaron hace ocho meses una alianza mayoritaria en el Parlamento, que les permitió aprobar un paquete de reformas constitucionales y leyes para reducir los poderes presidenciales, y quitarle al Ejecutivo el control de tres instituciones de servicio público, que Bolaños se niega a entregar, con el apoyo de la Policía.
«Insulza viene a conversar con todos los actores políticos para encontrar una solución integral a la crisis», afirmó el secretario de la Presidencia, Ernesto Leal.
No obstante, el jefe de la bancada sandinista en el Congreso, Edwin Castro, dijo que Insulza «es muy amigo del Frente Sandinista», desde el gobierno del fallecido presidente chileno Salvador Allende.
«El es muy amigo de Nicaragua y del FSLN. Nos viene a visitar, recibiremos a un amigo», dijo Castro
La visita fue dispuesta por la Asamblea General de la OEA a fin de ayudar a «un diálogo amplio, con el objetivo de encontrar soluciones democráticas (..) en estricto apego al principio de independencia y separación de los poderes» del Estado.
«Se ve que la independencia de los poderes no está claramente definida en Nicaragua», manifestó el encargado de Negocios de la embajada estadounidense en Managua, Peter Brenan.
Consideró que «la OEA tiene mucha experiencia en estos temas» y puede ayudar a encontrar una solución al conflicto institucional del país.
Las bancadas mayoritarias del PLC y del FSLN rechazaron sin embargo la mediación de la OEA, y advirtieron que la única forma de resolver la crisis es que Bolaños reconozca la legalidad de las reformas constitucionales y leyes aprobadas por el Parlamento.
«La OEA puede hacer su visita como lo ha hecho en las dos ocasiones anteriores (en octubre y mayo pasado), pero la solución de la crisis está en manos de los nicaragüenses», afirmó a la AFP el diputado sandinista José Figueroa.
El jefe de la bancada liberal, Enrique Quiñónez, dijo por su parte que su partido denunciará ante la misión de la OEA las violaciones constitucionales cometidas por Bolaños y su retiro del diálogo que ambos poderes habían iniciado en enero pasado, bajo el auspicio del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).
El conflicto se agravó el miércoles, cuando la justicia nicaragüense ordenó al mandatario y a la Policía desalojar las instalaciones del Instituto de Telecomunicaciones y Agua Potable, que son reclamadas por las nuevas autoridades electas por el Congreso.
«Todos (los poderes) están en el pacto contra uno solito», se lamentó Bolaños, en alusión al control que el FSLN y el PLC tienen sobre el Poder Judicial, el Congreso y otros órganos clave del Estado.
