Hoy 
POR LLENNIS JIMÉNEZ
El síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, rechazó que ejerza abuso de poder contra la empresa Impacto Urbano e informó que responderá hoy sus acusaciones a través de los medios de comunicación.
La compañía que lo acusa de desacatar cinco decisiones de los tribunales, que ordenan respetar su contrato de publicidad.
En otro aspecto, informó que esta semana todos los síndicos del país se reunirán con el presidente Leonel Fernández para iniciar conversaciones tendentes a que se asigne a los ayuntamientos el 10% del presupuesto, como establece la ley, a partir de 2008.
También dio a conocer que el Ayuntamiento del Distrito Nacional requiere mensualmente RD$300 millones adicionales para poder atender todas las necesidades de la ciudad.
En lo relativo al conflicto con Impacto Urbano, negó que su administración procure beneficiar a las empresas Equipamientos Urbanos y Colorín, como afirma esa compañía.
Salcedo hablará sobre la litis con la empresa durante una rueda de prensa convocada para hoy las 10:00 de la mañana en la sede del cabildo.
Sobre el síndico de la capital pesa una querella por parte de Impacto Urbano, que lo acusa del desmantelamiento de 600 vallas publicitarias, para ceder los espacios a otras empresas.
También acusa al Ayuntamiento irrespetar los acuerdos suscritos con la anterior sindicatura de Jhonny Ventura.
La litis fue entablada en el año 2001, fecha desde cuando Impacto Urbano afirma que tiene ganancia de causa.
Los ejecutivos de Impacto Urbano se quejan de que reciben tratamiento con abuso de autoridad en la gestión que encabeza Salcedo, por lo que estiman que lo que sucede atenta contra la libertad de empresa.
Además del síndico, la empresa extendió el sometimiento a los funcionarios municipales Domingo Contreras, Ángel Segura y José Miguel Martínez, secretario general, director de Tránsito Urbano y director de Defensoría del Espacio Público, respectivamente.
presupuesto participativo
El síndico capitaleño anunció que el Ayuntamiento inició la modalidad de construcción y reconstrucción de obras a través del presupuesto participativo, que permite a las comunidades señalar las obras que tienen prioridad.
