POR LEONORA RAMÍREZ S.
El Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL) negó que cometiera irregularidades en la solicitud de declaraciones tardías para indocumentados, como denunció la Junta Central Electoral (JCE), entidad que suspendió un acuerdo que mantenía con la misma luego de recibir denuncias de las direcciones de Registro Civil e Inspectoría.

Pedro Ubiera, director ejecutivo de CEDAIL, consideró como irresponsable y desconsiderada la acusación de la JCE, y aclaró además que ni la institución que representa ni la Conferencia del Episcopado Dominicano, organismo que forma parte también del convenio, han sido notificadas de la decisión tomada por la JCE.

En una información publicada por HOY el martes 26 de julio, con la firma de la periodista Loida Peña, se destaca que la JCE recibió un informe en el que se plantea que durante un operativo de Declaraciones Tardías, realizado por CEDAIL en Baní del 31 de mayo al 3 de junio del 2005, muchos de los que pretendían que se les registraran son haitianos.

Ubiera expresó en una carta enviada a este diario que, el procedimiento de verificación de los documentos emitidos por autoridades oficiales y el registro de los menores, es atribución exclusiva de los inspectores de la JCE y las Oficialías de Estado Civil.

«La autenticidad o no de los documentos emitidos por autoridades competentes, tales como certificaciones de nacimiento en hospitales, y cédulas de identidad y electoral, certificaciones de alcaldes pedáneos, entre otros documentos, son responsabilidad exclusiva de los funcionarios que los emiten».

Asimismo, destacó que CEDAIL presume que los datos que se presentan son válidos y emitidos por autoridades competentes, por lo que corresponde a la JCE indagar si se están emitiendo certificados falsos a personas de otras nacionalidades.

El informe que sustenta la denuncia de la JCE, preparado por las inspectoras Ismery Alcántara, Raysa Trinidad y Argentina González, copia del cual tiene HOY, indica que «el primer ingrediente que nos llamó a suspicacia y/o a dudar, fue que al revisar los expedientes constatamos una gran cantidad de ésas, tanto con la tarjeta del hospital, como con el papel del alcalde o certificación de nacimiento, y al interrogar a los interesados, contestaban que lo hacían para resolver y no les fuese a faltar ningún papel». Ubiera manifestó que, mediante el acuerdo suscrito entre la JCE, la Conferencia del Episcopado Dominicano y CEDAIL, la última se encarga de hacer un levantamiento de información en las distintas parroquias y organizar la parte logística; mientras la JCE coordina con las Oficialías de Estado Civil y designa un equipo de inspectores que depuran los candidatos para registro.

Mediante ese proceso, y desde los cuatro años de vigencia del acuerdo, se han registrado alrededor de 10,000 menores, y se han declarado 46,443 en los distintos operativos realizados por la institución.

«Este convenio se fundamentó en el reconocimiento de ambas partes del alto porcentaje de menores y adultos sin documentos, la falta de políticas estatales para la solución del problema, la limitación del ejercicio de los derechos de ciudadanía, la exclusión de los procesos de educación, salud y ausencia de vínculo legal con el Estado», refirió.

En ese sentido, dijo que la iglesia católica, a través de CEDAIL, es pionera en este tipo de trabajo que ha contribuido a resolver un problema nacional, ya que ha contribuido con la reducción de los índices de indocumentación personal que se registran en el país, y que superan el 23% de la población.