La zona de Loma Miranda “no se asemeja ni corresponde con un bosque nublado”, afirma un informe técnico elaborado por Falcondo, que descalifica el área como parque nacional.

Según el informe, el área del proyecto de exploración minera de Loma Miranda “se encuentra en medio de una matriz de áreas altamente intervenidas (a nivel local y regional), con muy pocos remantes de bosque latifoliado, varias muestras de historia de intervención, y altísima fragmentación, al punto de que sus únicas áreas con estructura arbórea latifoliada están representadas en dos pequeños parches (Portola y Ciguapa), y no suman más de 7 hectáreas, demostrado que no es un área que se pueda considerar como “bosques” y más aún de “bosque nublado”.

El informe cuestiona que se intente convertir a Loma Miranda en zona protegida “sin un conocimiento apropiado del carácter y ubicación de la biodiversidad que se pretende proteger.

Considera que bajo esas condiciones los esfuerzos de conservación no tendrán éxito. “La conservación es una ciencia y por tanto se basa en información científica, que respalde la toma de decisiones que sean ambientales, económicas, y ante todo socialmente costo efectivas”, agrega el informe. El documento explica, en cuanto al rol del sector privado, que la claridad de roles y la existencia de reglas claras y permanentes ha de propiciar una participación activa de los sectores productivos nacionales e internacionales en los procesos de investigación y utilización de la biodiversidad nacional”.

“Esta participación tendrá lugar sobre la base de valores éticos que refuercen el uso racional de los recursos, orientada por un sentido de mejora progresiva de los recursos, de generación de riqueza y de la calidad de vida de las comunidades locales con programas de compensación offset Loma Miranda”.

Finalmente, el informe señala que la ordenación del territorio está relacionada estructuralmente con el logro de cualquier política de gestión sostenible de la diversidad biológica. Así cobra razón de ser la optimización de la estructura socio-territorial, para crear condiciones favorables a la recepción del gasto público y de la inversión privada.