POR PEDRO GERMOSÉN Y LOYDA PEÑA
Horas antes de que se presente un proyecto para reformar la Constitución de la República, los voceros de los diputados de los dos principales partidos de oposición estimaron que es «absurda» la propuesta en este momento.

En el proyecto que el vicepresidente del Senado, César Matías entregará hoy al Senado se propone eliminar las funciones de tribunal que tiene la Junta Central Electoral (JCE), limitar el período de ejercicio de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y hacer coincidir en el mismo año las elecciones presidenciales, con las congresionales y municipales.

Ayer, los voceros de los opositores partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) en la Cámara de Diputados consideraron que es «absurdo» modificar la Constitución para unificar las elecciones cuando falta un año para esos comicios y el país está en medio de una crisis económica.

Ramón Agramonte (PRD-La Romana) y Luis Emilio Reyes Ozuna (PRSC-Distrito Nacional) afirmaron que no es el momento para hacer una reforma constitucional porque además los partidos están preparando sus convenciones para escoger los candidatos a las elecciones congresionales y municipales.

LA REFORMA

El proyecto de ley que presentará Matías propone reducir las funciones de la JCE a una simple Comisión Nacional Electoral, sin capacidad para dirimir los litigios comiciales, los que serían remitidos a los tribunales de derecho común.

Matías dijo que de esta manera se descongestiona la JCE, ya que, como ocurre en Estados Unidos y otras naciones, las apelaciones, querellas y demás litigios electorales serán conocidos por los tribunales de derecho común.

Matías, del opositor PRD por Valverde, señaló que la función de la JCE, convertida en Comisión Nacional Electoral, sólo será la de organizar, preparar los comicios.

El congresista dijo que de esta manera los jueces de paz conocerán las querellas en los municipios en un tiempo sumario de tres días.

Asimismo, añadió, los tribunales de primera instancia dilucidarán las demandas correspondientes a las provincias y a las cortes de apelación corresponderá revisar las decisiones de los primeros.

Matías expresó que de esta manera se procura que la JCE no tenga funciones dobles o múltiples como ahora, que tiene que organizar y montar las elecciones y conocer los asuntos administrativos y las querellas y demandas luego de los comicios.

Entre otros aspectos, el proyecto de convocatoria a la Asamblea Nacional para reformar la Constitución contempla unificar las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales.

Asimismo, crear el Fiscal Nacional Anticorrupción, limitar el número de diputados y eliminar la vitalicidad que, de hecho, sostuvo Matías, tienen los jueces de la Suprema Corte de Justicia.

También, quitar al presidente de la República la facultad de llenar las vacantes de jueces cuando el Congreso Nacional está en receso, como dispone el artículo 55, numeral 9, de la carta sustantiva de la nación.

Matías dijo que el artículo 63 de la Constitución dispone la inamovilidad de los magistrados de la Suprema Corte, pero señaló que éstos disfrutan de vitalicidad porque no se establece un período específico de duración de sus funciones.

El vicepresidente del Senado expresó que hasta el presidente de la República, los senadores, diputados, síndicos y regidores tienen que consultar cada cuatro años al electorado para ver si pueden ser reelegidos.

Manifestó que la vitalicidad de los magistrados de la Suprema Corte es contraria al espíritu del artículo 63 de la Constitución, así como a la democracia y el sentido común.

El artículo 116 de la Constitución dispone que el texto constitucional sólo puede ser reformado si la proposición se presenta con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.

En el caso del Senado, de 32 miembros, Matías necesita la firma de al menos once senadores para que el proyecto pueda ser discutido en la Cámara.

LOS DIPUTADOS

«No estoy de acuerdo con una reforma constitucional ahora, pero además, no creo que es elegante que una propuesta de esa naturaleza salga del Congreso de la República, porque sería darle la razón a los sectores que siempre han cuestionado al Congreso y que afirman que el único interés de esa modificación es extendernos el período legislativo», dijo Agramonte.

Afirmó que se debería esperar que pasen las elecciones del 2006, hacer un consenso entre todas las fuerzas políticas y sociales y, sin presión, hacer una reforma «consciente y bien estudiada» para corregir muchas incongruencias que tiene e introducirle figuras jurídicas.

«En cuanto a la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte, creo que con un período de ocho o diez años es suficiente, porque un país pobre no resiste a una persona de por vida en un cargo público sin desmedro de otros profesionales jóvenes que también merecen la oportunidad de aspirar a cargos superiores dentro del poder Judicial», dijo el diputado perredeísta.

Reyes Ozuna consideró que «inoportuno» y sería insensato abocarse en estos momentos a una reforma constitucional.

«Es un contrasentido pretender modificar la Constitución ahora cuando los partidos están prácticamente inmersos en una campaña con miras a las elecciones congresionales y municipales, pero además, de que esa modificación se pretenda hacer al margen de los demás sectores sociales», agregó. El vocero de los diputados del PRSC dijo que particularmente favorecería una reforma sólo si la sociedad se unifica.

«También la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte es un tema que debe estar sujeto a un acuerdo de la sociedad, aunque yo entiendo que ocho o diez es suficiente», concluyó.