Hoy 
POR TANIA HIDALGO
Fue declarada ayer inadmisible la solicitud de imposición de medidas de coerción presentada por el ex presidente del Banco Progreso Pedro Castillo contra los principales ejecutivos de la entidad bancaria.
El juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, tomó la decisión, tras alegar falta de calidad jurídica de parte de Castillo, cuyos abogados dijeron de inmediato que apelarán tal resolución.
Radhamés Cornielle expresó que el juez se adhirió a lo que parece un criterio constante en él de entender que un actor civil, que no somos exclusivamente eso, no debe pedir medidas de coerción.
Se quejó de que su defendido interpuso una querella contra los ejecutivos del Banco del Progreso hace ya más de un mes y no se ha citado a la contraparte, sin embargo a los seis o siete días de los ejecutivos bancarios demandar a Castillo, éste fue requerido.
No obstante, advirtió que los ejecutivos del Banco del Progreso no quedarán impunes ni van a lavarse por los hechos cometidos de apropiarse de los bienes de Pedro que están siendo exhibidos como pruebas en Estados Unidos.
De su lado, el abogado Francisco Alvarez, representante legal de los ejecutivos de la entidad bancaria, expresó que el objetivo principal de esta acción era chantajear a sus representantes para que retiren la querella presentada en contra de Castillo.
Asimismo, dijo que están a la espera de que el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, concluya las investigaciones de la demanda presentada contra Castillo, a fin de que se conozcan las medidas de coerción solicitadas en su contra, cuyo conocimiento fue aplazado por el juez sin fecha fija, a fin de que el Ministerio Público lo apodere de manera regular.
Castillo pidió prisión preventiva contra Roberto Bonetti Guerra, Bernardt Ladurner, José Diez Cabral, Rafael de Jesús Perelló, Andrés Gustavo Pastoriza, Juan Bautista Vicini y el abogado Francisco Alvarez, a quienes demandó por RD$750 millones, tras alegar que incurrieron en robo de documentación privada, asociación de malhechores y falsificación de documentos.
Todos acudieron al tribunal en compañía de sus respectivos abogados Olivo Rodríguez Huertas, Francisco Alvarez Aquino, Roberto Rizik Cabral, Abel Rodríguez del Orbe, Tomás Hernández Metz y Julio Camejo, entre otros.
La demanda contra los ejecutivos bancarios fue interpuesta a través de los abogados Radhamés Cornielle y Jorge Lora.
Previamente, los ejecutivos del consejo directivo del Banco del Progreso se habían querellado contra Castillo por presuntamente haber cometido un fraude superior a los 14 mil millones de pesos.
En ese sentido, los demandantes solicitaron contra Castillo prisión preventiva,presentación de una garantía económica equivalente al monto del perjuicio ocasionado hasta ahora a los querellantes e impedimento de salida del país.
