POR MANUEL ESPINOSA ROSARIO
SAN JUAN DE LA MAGUANA.- Por sospecha de fuga, mediante Resolución 003-2005, el juez liquidador del Tercer Juzgado de Primera Instancia de esta provincia, le negó la libertad bajo fianza a Leonel Almonte Vásquez y a Víctor Rodríguez Concepción.

En su sentencia, el licenciado José Miguel García Mateo expresa: «se rechaza la solicitud de libertad provincial bajo fianza de fecha primero de agosto del 2005, hecha por la doctora Leyda Altagracia de los Santos, a favor de los imputados Leonel Fernández Almonte Vásquez y a Víctor Rodríguez Concepción, por existir en la especie peligro de fuga».

La parte civil constituida a favor de Cristian N. Caraballo, Rosa N. Caraballo y Reinilda del Carmen Rodríguez, la representa en doctor Angel Monero Cordero. De su lado, el representante del Ministerio Público que subió a estrado para el conocimiento del caso, doctor Salín Valdez, acogió favorablemente el pedimento de negación de fianza a los dos ex banqueros, solicitado por el doctor Angel Monero Cordero.

Almonte Vásquez y Rodríguez Concepción han sido demandados en pago de 4.0 millones de dólares por Cristan C. Caraballo, Rosa C. Caraballo y Reinilda del Carmen Rodríguez, según consta en el expediente instrumentado en contra del ex presidente del quebrado Banco Universal.

Leonel Almonte Vásquez está acusado de violar los artículos 262, 266, 405 y 408, que tipifican los cargos de abuso de confianza, estafa y asociación de malhechores, según lo establece el Código Penal Dominicano -CPD-.

Aunque la solicitud de libertad provisional de fianza a favor de Leonel Almonte Vásquez fue interpuesta por la doctora Leyda Altagracia de los Santos, en la audiencia en la que fue rechazada por temor a fuga, subió a defender al ex banquero, el doctor Tomás Castro.

Varios abogados en ejercicio han manifestado su protesta por los privilegios que ha recibido Leonel Almonte Vásquez que no los reciben otros presos, como es trasladarlo en vehículos de lujo de su propiedad, sin esposas, con franqueadores de la Policía y prohibir el estacionamiento de vehículos en la cuadra de la calle Luis Pelayo González, donde está el edificio que aloja el Palacio de Justicia en esta ciudad.

El magistrado licenciado José Miguel García Mateo, es el juez de paz del municipio de Vallejuelo, y quien además es juez liquidador de la Tercera Sala Penal del distrito judicial de esta provincia.

LEONEL ALMONTE

En fallo del doctor García Mateo, según consta en su sentencia, está basado «en la Resolución 1920 del 13 de noviembre del 2003, el párrafo primero del artículo 113 del Código de Procedimiento Crininal, modificado por la ley 341-98, del primero de diciembre del 1998, los artículos 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14 numeral uno y dos del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 numeral uno y dos de la Convención Americana de Derechos Humanos, 3 y 8 del numeral 2, letra J, 10 y 46 de la Constitución de la República».

El doctor Angel Monero Cordero, en su intervención en favor de los demandantes quienes reclaman la devolución de 4.0 millones de dólares, advirtió al juez licenciado José Miguel García Mateo, que Leonel Almonte Vásquez no califica para ser beneficiado con la libertad provisional bajo fianza, porque en cada audiencia cambia los abogados.

Monero Cordero, considerado uno de los abogados en ejercicio más capaz en esta provincia, le recordó al juez liquidador del tercer juzgado de primera instancia de esta provincia, que Leonel Almonte Vásquez estuvo prófugo recientemente durante varios días, cuando se enteró de la sentencia en su contra.

«Magistrado, usted cree que una persona que cambie de representante, (abogado) en cada proceso que se ventile en su contra, tratando de confundir a los jueces, que se de a la fuga y que se entregue semanas después, merece ser favorecido con la libertad provisional bajo fianza?» se preguntó en reiteradas ocasiones el doctor Monero Cordero.

Advirtió el jurista que de Almonte Vásquez ser favorecido con la liberta bajo fianza, se corre el riesgo de que abandone el país, aprovechándose de la falta de vigilancia y control de parte de las autoridades que prestan servicios en los puestos, los aeropuertos y en toda la línea divisoria con el vecino país de Haití.