WASHINGTON (AP).– La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó ayer, lunes, una apelación que pedía dar a los votantes en Puerto Rico el derecho de participar en elecciones presidenciales estadounidenses.

La decisión fue tomada sin comentario de los jueces y es el capítulo más reciente en una larga batalla legal sobre los derechos de votación de quienes residen en territorios estadounidenses extracontinentales, con la excepción de Hawai y Alaska, que son estados con derecho pleno.

Los puertorriqueños tienen ciudadanía estadounidense desde 1917 y sólo pueden participar en una elección presidencial si salen de Puerto Rico hacia territorio continental de la nación.

Con una población de más de 3,5 millones de habitantes y unos 2,4 millones de electores potenciales, Puerto Rico sólo puede votar por un delegado ante la Cámara de Representantes, conocido localmente como «Comisionado residente’’. Este, a su vez, sólo tiene voz pero no voto en la cámara baja.

Los puertorriqueños pueden, sin embargo, elegir a sus propias autoridades, incluyendo a su gobernador, miembros del Congreso bicameral y alcaldes, que gobiernan al amparo de su propia constitución y la de Estados Unidos.

El abogado puertorriqueño Gregorio Igartúa de la Rosa, quien presentó la apelación, dijo que desde que Puerto Rico se convirtió en territorio estadounidense hace 107 años se han realizado 22 elecciones presidenciales sin la participación de los electores puertorriqueños.

Los puertorriqueños «tienen un tipo inferior de ciudadanía’’, dijo Igartúa de la Rosa a los jueces.

Los políticos puertorriqueños suelen referirse a esa categoría como «ciudadanos de segunda clase’’.

El Primer Circuito de la Corte de Apelaciones había fallado contra Igartúa de la Rosa hace cinco años afirmando que los puertorriqueños podrían tener acceso al voto presidencial sólo si se modificaba la constitución de Estados Unidos o si Puerto Rico se convierte en estado con plenos derechos.

Puerto Rico es actualmente un «Estado Libre Asociado’’ de Estados Unidos y se encuentra en medio de un nuevo debate sobre cómo resolver definitivamente su relación política con Washington.

El principal abogado del gobierno ante la Corte Suprema, Paul Clement, opinó en papeles presentados en el caso que el tribunal de apelaciones había tomado «una decisión que tiene un firme sustento en el texto constitucional, una continuada tradición y un precedente uniforme’’.

«Ningún territorio ha participado alguna vez en ninguna de las 54 elecciones presidenciales realizadas en más de dos centurias de historia estadounidense’’, dijo Clement, cuyo cargo es el equivalente de un procurador general del gobierno y depende del Departamento de Justicia.

Esta no es la primera vez que se niega el voto presidencial a ciudadanos estadounidenses de territorios fuera del continente. En casos pasados, que incluyen decisiones sobre la isla de Guam, la opinión del Departamento de Justicia siempre ha predominado con la mención de que ese derecho no está provisto por el Artículo II, Sección 1, Cláusula 2 de la constitución de Estados Unidos.