La República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino de trata. Las víctimas de trata registradas (Tejeda, Vargas y Martine/Participación Ciudadana 2022)) son fundamentalmente dominicanas (68%), 16% venezolanas, 8% colombianas, 4% haitianas e igual porcentaje norteamericanas. La mayoría de ellas adolescentes y niñas menores de 18 años (53 %).

Tenemos una significativa población de niñas y adolescentes dominicanas y migrantes en el país expuestas diariamente a los riesgos de trata con fines de explotación sexual, pornografía infantil, servidumbre doméstica, matrimonio forzoso (vendidas por familias a hombres adultos extranjeros o dominicanos) mendicidad forzada y explotación laboral.

Los estudios de trata realizados (Gallardo 2005) (OBMICA 2012) Sorensen (2019) (Vargas/INM 2019) (Vargas y Maldonado 2018) (Vargas, Núñez y Beltrán 2022) (Tejeda, Vargas y Martine 2022) demuestran la necesidad de actualización y reforma de la Ley 137-03 de trata y tráfico ilícito de personas que ya no cuenta con elementos que favorezcan a la protección, atención y asistencia a las víctimas de trata dominicanas y migrantes desde la diversidad de sus condiciones (étnica, discapacidad, orientación sexual) y con respeto a sus derechos. La respuesta es la Ley Integral de Trata y Tráfico Ilícito de Personas elaborada durante varios años de forma participativa-consultiva conjunta de ministerios y organismos del Estado y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la problemática con el liderazgo de la CITIM-MIREX.

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Las mujeres dominicanas que son víctimas de trata en Centroamérica, Europa, Suramérica, Asia y Medio Oriente, reciben (en varios de ellos) asistencia y atención integral. Se le garantiza su seguridad, protección, atención en: salud, psicológica y alimenticia, se les integra a programas educativos y de capacitación técnica para su reinserción social. Uno de los aspectos cruciales en estos programas de atención y asistencia a víctimas de trata (Vargas, Núñez, Beltrán 2022) son las garantías de regularización migratoria de las que se han beneficiado miles de dominicanas víctimas de trata en el exterior. Esta regularización migratoria es necesaria para garantizar la asistencia, protección y seguridad de las víctimas, y la investigación, persecución y penalización de sus perpetradores.

Es lamentable que el Poder Ejecutivo haya retirado del Congreso una ley que es urgente y ha sido fruto de varios años de revisión y consulta, retroalimentada con los estudios realizados en el país sobre la problemática.

La respuesta a las confusiones-distorsiones de la ley debió ser otra. Una respuesta de campañas educativas que favorezcan la visibilidad de la trata y sus consecuencias para las niñas, adolescentes y mujeres en el país y la importancia de la atención y asistencia a víctimas de trata independientemente de su nacionalidad, condición étnica, de discapacidad u orientación sexual.