JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
En verdad estamos viviendo en un Estado ávido de esquilmar a cualquier tipo de sus ciudadanos, sin importarle edad, condición física, económica o social. Pero en donde creemos que se ha rebosado la copa, es cuando se les exigen a menores que deben viajar al exterior una serie de requisitos que además de ser intrascendentes, se les pueden calificar de superfluos y sumamente onerosos.

Para que un menor dominicano pueda ser autorizado a viajar al exterior se debe aportar, un acta de nacimiento original reciente (menos de un año), legalizada en la oficina Central del Estado Civil. 

Esto además de ser gravoso, ya que cuesta entre uno y otro trámite alrededor de ciento cincuenta pesos, conlleva gastos conexos de transporte y pérdida de tiempo, agravándose los mismos, cuando la Oficialía del Estado Civil se encuentra en una población distante de la Capital. El contrasentido de este requerimiento es, que se puede poseer un acta de nacimiento también legalizada pero no reciente y las autoridades competentes desconocen su valor lícito, no obstante haber sido emitida por el mismo organismo oficial.

Lo mismo equivale a desconocer su propio hecho, algo que se podría calificar de insólito, para no utilizar un epíteto más crudo. Los inconvenientes continúan.  Uno de los padres o el tutor, debe acudir ante un Notario Público y firmar un acto denominado «Documento de Viaje» en el cual se le solicita a la Dirección General de Migración que permita la salida del menor o menores señalados en ese instrumento.

Por esa legalización, los notarios conscientes cobran alrededor de RD$500.00. Entonces, la firma del notario debe ser legalizada en la Procuraduría General de la República, la cual percibe por esa verificación, la no despreciable suma de RD$283.25, sin contar el traslado a ese lugar y las dificultades de encontrar estacionamiento si se desplaza en vehículo privado.          Después de tanta burocracia, se pensaría que las trabas terminaron.

Pero ¡Que va! Para «ayudar» al o a los pequeños viajantes, la Dirección General de Migración cobra la «chilata» de RD$535.00 por cadamenor. Esta retribución incluye, los sellos y el impuesto administrativo y de Rentas Internas. En caso de VIP, el costo aumenta a RD$300.00 adicional.

Además, deben ser suministradas dos fotos de frente del menor y la copia de la cédula de identidad y electoral del progenitor que autoriza su salida.

Ahora bien, si los padres se encuentran en el exterior, deben dirigirse al consulado dominicano que les quede más próximo y allí solicitar un Poder Consular autorizando la salida del menor con su acompañante. Como es sabido, nuestros cónsules son unos auténticos «rompe brazos» y no se les aprieta el pecho para cobrar, entre doscientos a quinientos dólares, dependiendo del aspecto exterior del que demanda el poder.

Lo interesante de todo lo antes expuesto, es la Nota al pie del Comunicado de la Secretaría de Estado de Interior y Policía dirigido a las líneas aéreas, a las agencias de viajes y a todo el público en general, la cual dice así: Este permiso caduca a los treinta (30) días.  Esto significa, que si por cualquier inconveniente el menor no puede viajar en ese lapso de tiempo, los progenitores o el tutor, deberán repetir el procedimiento para la salida del menor con los respectivos costos que hemos enumerado.

A ojo de buen cubero hemos calculado, que si el menor nació en una provincia y los padres viven en Santo Domingo, entre pago de traslados al interior, combustible, peajes y gastos de alimentación, cada menor cuesta alrededor de RD$2,000.00, sin calcular el costo de depreciación del vehículo, el tiempo hora/hombre y el riesgo del viaje de ida y vuelta.  Si los menores son tres, como es mi caso, esos RD$6,000.00 representan un boleto de ida y vuelta a Puerto Rico, todo esto, sin haber puesto un pie dentro de la aeronave.

Entendemos, que ante la proliferación de secuestros y de falsas adopciones de menores se tomen medidas estrictas, pero sin el elevado costo financiero que los trámites burocráticos significan en el importe total del viaje. Debemos recordar, que en la mayoría de los países la expedición de actas de nacimiento es gratuita, para evitar que los infantes no sean declarados a tiempo. Este gobierno debe abocarse a reducir los trámites oficinescos y el importe que cobra por los mismos, de lo contrario, los niños tendrán que recurrir a las Naciones Unidas para invocar la violación de sus derechos y su igualdad al libre tránsito como sus padres.