Hoy 
En RD se han roto los contrapesos de la democracia dominicana y el grupo corporativo-PLD está concentrando poder bajo un esquema de lealtad endogámica y un manejo desechable y clientelar la población.
¿Qué significa la lealtad endogámica? que los políticos del partido oficial son leales al partido corporación PLD y no a la población ni al desarrollo humano.
En la práctica tienen una patente de corso para hacer y deshacer, para enriquecerse de forma ilícita con los recursos públicos y saben con certeza que cuentan con la garantía plena de que el sistema político los protege.
Por eso hacen un uso desechable de la población y se trafica con su pobreza, cada 4 años, en las elecciones. Repartiendo los bienes públicos, bacheando calles, comprando conciencias, amenazando e intimidando a la población.
La consecuencia de esta forma de hacer política es que se han roto los contrapesos.
El Congreso, la Justicia y los mecanismos de control y ejecución están en las mismas manos.
La Corporación PLD es juez y parte al mismo tiempo.
El Congreso ha dejado de ser la representación del pueblo para representar a los accionistas de la corporación PLD. El mejor ejemplo fue aquel fatídico y deshonroso voten honorables cuando se violaba la ley del 4% para la educación y se condenaba al pueblo a más ignorancia. Quizás porque la ignorancia es la vía más expedita de violentar los derechos ciudadanos.
Han aprendido a manejar los recursos del Estado para enriquecerse, la mayoría de las veces en forma ilícita, por eso hicieron todo el esfuerzo por contralar la justicia dominicana que hoy es apéndice del partido-corporación.
Nuestro sistema de justicia no es independiente. El poder económico asociado al poder político los ha convertido en dueños de empresas, en cobradores de peajes o socios obligados para el sector privado que aspira a un ejercicio de la libre empresa como establece la Constitución.
Hay un uso y abuso de los recursos del Estado en forma ilimitada. Los capitanes de la corporación-PLD que argumentaban que no hay recursos para la educación y la salud anunciaban simultáneamente que disponían de 40 mil millones para gastar en campaña política o hacían cuantiosas inversiones públicas donde se guisa mientras la población languidece sufriendo los rigores del desempleo y la pobreza.
Lo peor es que no existe ningún mecanismo institucional que impida semejante abuso, arbitrariedad, atropello y desorden en el Estado Dominicano, lo cual explica que el país ocupe el primer lugar de desviación de fondos públicos en el mundo según las mediciones internacionales.
Todo esto ha ido conformando una Dictadura Constitucional, una concentración de poder económico, social e institucional que implica una pérdida de derechos ciudadanos. Hay que parar la concentración de poder.
