Hoy 
El asesinato por parte de varios haitianos de la comerciante Maritza Núñez y las heridas causadas a su esposo Domingo Antonio Luna, ocurridos en Hatillo Palma, Montecristi, es un hecho horrendo que debe ser castigado por la Justicia con toda la severidad que permite la ley. No más de ahí.
A pesar de que es comprensible la indignación, los habitantes de Hatillo Palma y otras comunidades noroestanas deben estar claros en que, bajo ningún pretexto, puede este hecho criminal ser tomado para desencadenar sentimientos de xenofobia y venganza.
Aunque su presencia furtiva en territorio dominicano constituya un grave problema para los dominicanos, hay que deducir que la mayoría de los haitianos que vienen al país son gente laboriosa, que huye de la terrible realidad que predomina en ese territorio.
Es muy probable que la inmensa mayoría de los haitianos radicados en Hatillo Palma y otras comunidades de la zona repudien el tipo de conducta de una minoría de sus hermanos de origen, que se prestan para actos bochornosos y repudiables como el que motiva estas opiniones.
-II-
En estos días, precisamente, la comunidad dominicana radicada en España atraviesa momentos preocupantes debido a que un connacional ha sido acusado del asesinato de un joven español y esto ha sido tomado como motivo para manifestaciones de xenofobia.
Aquí, en la República Dominicana, no debemos imitar esta conducta injustificable, ni debemos desencadenar generalizada contra los haitianos una cacería de la cual no son merecedores.
Hasta demostración en contrario, el ataque criminal contra los esposos comerciantes es la actitud de un grupo reducido, constituido en asociación de malhechores con todas las agravantes previstas en nuestras leyes. Bajo ningún prisma debe verse que esa conducta es colectiva entre los haitianos de la zona y, en todo caso, hay que dejar que la Justicia haga lo que corresponde.
-III-
Es oportuno, sin embargo, que el Gobierno tome estos hechos como una de las consecuencias inevitables de los negocios de mafias que tienen complicidades a ambos lados de la frontera y que se lucran con el trasiego de indocumentados hacia territorio dominicano.
Los habitantes de Hatillo Palma y otras comunidades fronterizas han sacado a relucir esta situación a raíz del suceso lamentable que nos ocupa.
Entonces, cuando se producen actos de este tipo, se actúa con estrépito, se efectúan repatriaciones masivas y se pretende hacer en un momento todo lo que ha debido ser un trabajo permanente, de control migratorio sin los aspavientos de coyunturas tan dolorosas como este hecho de sangre y las retaliaciones que ha generado.
Al margen del suceso que enluta a familias montecristeñas, debe haber un criterio diferente como norma de control migratorio.
En cuanto al crimen en particular, que se deje actuar a la Justicia y que ésta haga oportunamente todo lo que la ley le ordena para casos tan lamentables.
