Los índices de violencia contra la mujer son preocupantes en América Latina y el Caribe. El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer -INSTRAW- sostiene que más de un 50% de las mujeres de esta región han sufrido agresiones. En nuestro país, según esos índices, entre los años 2000 y 2008 fueron asesinadas 1,453 mujeres.

Con muy buen tino, el 17 de diciembre de 1999 la ONU emitió una resolución que declara  el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día como ese de 1960 nuestro país fue escenario de la más brutal expresión de violencia de género: el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal por un arranque de intolerancia política del tirano Trujillo.

Hay razones de sobra para secundar al INSTRAW en su posición de que es obligación del Estado  crear los medios de seguridad para prevenir e impedir que la mujer siga siendo objeto de abusos, que no se manifiestan solamente en el aspecto físico, sino también por formas de discriminación amparadas o toleradas por los gobiernos. El no a la violencia contra la mujer tiene que ser más que discurso de fecha conmemorativa. Tiene que ser un hecho real que comprometa la voluntad de  todos.

Un asesinato anunciado

Anderson  Rafael Portorreal, un presunto delincuente,  estaba condenado a muerte. Lo había juzgado y sentenciado la patrulla policial que lo ejecutó delante de sus padres y del director y médicos del hospital Félix María Goico (de los billeteros), ubicado en el Expreso V Centenario. La jefatura policial dispuso que una comisión investigue este suceso, y eso es correcto, pero aparte de la investigación habrá que hacer mucho más.

Un Estado en que no existe pena capital tiene que garantizar que los delincuentes sean juzgados y condenados por la Justicia. Con demasiado frecuencia patrullas policiales disponen de vidas humanas de gente reñida con la ley. No es que los policías respondan con rosas cuando sean agredidos, pero la capacidad de manejar adecuadamente estas situaciones debe ponerse a prueba. Castigar a los policías ejecutores del joven es parte del problema. Moderar la conducta de los policías es el resto.