Hoy 
En julio del 2010, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que aplicaría sanciones a Guatemala por violar aspectos del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). Las violaciones, de tipo laboral, se resumían en imposición de trabas a la libertad de asociación y desconocimiento de derechos adquiridos por los trabajadores y que quedaron protegidos en el TLC.
Aquí, como signatarios del DR-CAFTA, debemos cuidarnos de incurrir en una violación similar mediante la modificación del Código de Trabajo que promueven sectores empresariales, y que lesionarían derechos adquiridos por los trabajadores en el ámbito de las prestaciones laborales. El vicepresidente Rafael Alburquerque, experto en Derecho Laboral, ha advertido sobre los riesgos e inconveniencias de esa modificación.
Un país que trata de afianzar la justicia social desde muchas vertientes, no puede correr el riesgo de afectar derechos de ciudadanos que venden su fuerza de trabajo bajo un régimen que les garantiza determinadas prestaciones. El temor justificado es que un cambio en el Código de Trabajo pueda inclusive anular la posibilidad de concertación de pactos colectivos de condiciones de trabajo. Sería lamentable un retroceso en las condiciones laborales.
Una atinada visión preventiva
Las cárceles dominicanas son una bomba de tiempo. Superpoblación que provoca hacinamiento y aumenta los riesgos de tragedia en casos de eventos como terremoto, inundación o incendio. Con una visión bastante atinada de las potencialidades de riesgo, la Comisión Nacional de Emergencia ha decidido ampliar los planes de prevención y respuesta en los recintos penitenciarios con la finalidad de garantizar la vida de los reclusos.
El 7 de febrero de 2005, el país sufrió la tragedia de la muerte de 134 presos en un incendio en la cárcel de Higüey. En Honduras, el 15 de este mes que termina hoy, 272 reos murieron también en un incendio. La falta de medidas de prevención y de evacuación rápida fue común denominador en ambas tragedias. Al proceder como lo está haciendo, la Comisión Nacional de Emergencia muestra que tiene una atinada visión preventiva.
