La sección económica del periódico HOY recibió ayer una carta de un representante del sector eléctrico para desmentir una información publicada el pasado jueves, pero aunque aporta datos que arrojan informaciones importantes en ningún caso niega la información a que se refiere.

El señor Nelson Guerrero, funcionario del sector eléctrico, se refiere a la información publicada por HOY el pasado 4 de febrero en la que se daba cuenta de que no se ha producido el traspaso de los contratos con los productores privados independientes al mercado mayorista a pesar de que se pagó una alta suma para hacerlo.

En la carta, dirigida al editor de esta sección y firmada por Guerrero, se expresa: «No sé de dónde obtuvo usted la cifra de que el gobierno le debía unos US$360 millones a los Ipp’s (generadores privados independientes), y que por esa razón esos contratos no han sido traspasados, en realidad eso no es cierto, permítame informarle que para agosto del 2000, a los Ipp se le debían unos US$110 millones, y producto de la diferencia entre el precio de contrato y el precio del mercado en el 2001 esa deuda aumentó a unos US$170 millones».

En ese párrafo no queda desmentido el aspecto central de la información que se pretende desmentir, que es la de que el cambio contractual no ha comenzado a aplicarse porque los generadores exigieron como condición el pago de las deudas atrasadas.

Y en cuanto a las deudas atrasadas, la suma de 360 millones de dólares incluía, además de los Ipp’s, al resto del sector generador.

El problema estriba en que como algunos Ipp’s también participaban en la propiedad de otras plantas generadoras que colocan su producción en el mercado mayorista, la condición fue planteada como un reclamo del sector generador.

En la carta firmada por Guerrero, de quien este redactor se enteró que era director de Estudios Económicos de la Superintendencia de Electricidad tras llamarle a su celular, ya que la carta no estaba timbrada ni su autor identificaba la entidad para la cual trabajaba, también se aclara que «luego de un largo proceso de negociaciones con la participación de los bancos multilaterales y consultores internacionales quienes asesoraron sobre el cálculo de estos costos hundidos, el gobierno acuerda pagar la suma de unos US$51 millones, la cual será pagada con el préstamo sectorial eléctrico que el Banco Mundial tiene preparado para el país. Por lo tanto, el dinero de que usted hace mención, no fue el pago de los costos hundidos sino el pago de deuda atrasada».

Este redactor cree que esta aclaración arroja un poco de luz para entender esa operación y el asunto quedaría más trasparente si precisara si la promesa hecha por los negociadores del gobierno al presidente Hipólito Mejía de que con US$105 millones resolverían el problema de los Ipp’s incluía tanto la deuda atrasada con esos generadores como el pago de los costos hundidos. Ha trascendido que luego del presidente Mejía haber autorizado esa suma, se tuvieron que buscar US$45 millones más para resolver el problema.

En la carta se defienden los pagos por costos hundidos bajo el argumento de que «los generadores que se establecieron en nuestro país tenían contratos que no se habían vencido».

Como este redactor ha recibido la información de que la mayoría de esos contratos estaban vencidos y otros a punto de vencerse, el representante del sector eléctrico ayudaría a aclarar este tema si señalara cuál era la fecha de vencimiento de cada uno de esos contratos, ya que él demuestra ser un gran conocedor del sector.

Aún así, hay quienes entienden que cuando se puede demostrar que los términos de un contrato no corresponden a la realidad y no son manejados con transparencia para lesionar al Estado y a los consumidores, que es lo que varios de los funcionarios del gobierno han dicho que son esos contratos, es posible iniciar un proceso iniciar un proceso que evite que el país tenga que pagar costos hundidos en base a esas condiciones.

Es un secreto a voces que esos varios de esos contratos se concibieron y firmaron en el Palacio Nacional y que fueron a la CDE sólo para su validación, a pesar de que los precios acordados hasta duplicaban los precios de generación de la empresa estatal en el momento en que fueron acordados.

De hecho, algunos de los negociadores de esos contratos eran partidarios, en principio, en conversaciones privadas, de que el Estado no debía hacer pagos por costos hundidos por los cuestionamientos que hacían a muchos de esos contratos, aunque todo parece indicar que luego cambiaron de actitud.

Como en la carta se afirma que «informaciones como la publicada en su columna desinforman y traen intranquilidad al país», y este no ha sido nunca el propósito de este redactor, Guerrero nos brinda la gran oportunidad de que por falta de información provenientes de los organismos competentes, sigan produciéndose este tipo de situaciones.

Este redactor aprovecha la ocasión para invitar a Guerrero, quien manifiesta que tiene «por costumbre no polemizar, sino tratar de informar y edificar sobre los temas que se tratan sobre el sector», a participar en un encuentro con los redactores de esta sección, para aclarar muchos aspectos sobre las operaciones del sector eléctrico todavía oscuros para el gobierno y para los propios generadores y distribuidores.

De esta manera dejaría de ocurrir lo del pasado miércoles, cuando según publicó el diario HOY, «tras una reunión de cuatro horas entre el gobierno y los generadores de electricidad», no se pusieron de acuerdo sobre el monto de la deuda.

El secretario de Finanzas afirmó que «el gobierno no le adeuda US$400 millones a los generadores y que mañana (ayer jueves) tendrá lista un informe sobre la deuda que reconocen».

De manera que el encuentro podría servir, para aclarar el tema de la deuda: ¿cuánto debe el gobierno por subsidio? ¿cuánto debe la CDEE por energía comprada a los generadores? ¿cuánto debe el gobierno por la deuda que asumió al comprar EDENORTE y EDESUR y cuánto deben las distribuidoras a las generadoras?

Además, en ese encuentro se podría aclarar, para edificar el país, cuál es el precio real que se debe pagar por kilovatio generado, en base a la realidad técnológica-económica-financiera.

Algunos técnicos, en base a los generadores que operan fuera del sistema, sostienen que no se debe pagar un precio mayor de seis centavos de dólar el kilovatio.

La carta de Guerrero es un primer aporte y este redactor le pide que se anime para aclarar estos y otros puntos, para tranquilidad del país y para aliviar la carga que pesa sobre la población.

[b]LA CARTA FIRMADA POR GUERRERO[/b]

En la Sección Económica de fecha 4 de febrero de 2004, aparece un artículo de su pluma titulado «Dieron US$150 millones a Ipp’s a cambio de nada» . Como tengo por costumbre no polemizar, sin tratar de informar y edificar sobre los temas que se tratan sobre el sector, en los cuales generalmente, como en este caso, advierto precariedad de informaciones, que en muchos casos crean distorsiones en la interpretación de un acontecimiento determinado, me he tomado la libertad y el tiempo de escribirle estas líneas para edificarlo un poco mejor sobre el tema, y con ello contribuir a la solemne misión que caracteriza a un medio informativo de la talle del periódico HOY.

Como bien señala en su artículo, los productores privados independientes (IPP) tienen contratos con la CDEEE a precios por encima de los precios de mercado ocasionandole pérdidas cuantiosas. Como es de su conocimiento durante el proceso de la reforma del sector eléctrico en el 1999 no se incluyeron a los IPP y es en el 2002 cuando el actual gobierno toma la iniciativa del traspaso de estos contratos al mercado.

Pero el traspaso de estos contratos implicaba que los derechos adquiridos en los contratos vigentes había que compensarlos por su terminación a destiempo, eso se le conoce como stranded cost o costos hundidos. Pero parece que usted piensa que este reconocimiento es intangible y cuestionable, para su edificación hay unidades en los bancos multilaterales especializados en el cálculo de dichos costos, y es una práctica mundialmente aceptada. En la actualidad en la mayoría de los países europeos, a las empresas Generadoras que deciden apagar sus plantas nucleares por razones ambientales se le paga ese costo. De igual modo Los Generadores que se establecieron en nuestro país tenían contratos que no se habían vencido, contratos sobre las cuales se fundamentó el retorno de la inversión, por lo que era necesario reconocerle esta terminación abrupta. Casos similares al nuestro lo podemos ver en Colombia, El Salvador, Guatemala, etc. donde a los IPP le traspasaron sus contratos venta de energía al mercado y se le esta pagando un costo hundido en la tarifa.

¿Que ha pasado? No se de donde obtuvo usted la cifra de que el gobierno le debía unos US$360 millones de los IPPs, y que por esa razón esos contratos no han sido traspasados, en realidad eso no es cierto, permítame informarle que para Agosto del 2000, a los IPP se le debían unos US$110 millones, y producto de la diferencia entre el precio de contrato y el precio del mercado en el 2001 es deuda aumentó a unos US$170 millones.

En el 2002, el gobierno decidió iniciar la renegociación de estos contratos, y es entonces cuando se comienzan a calcular los montos a pagar por el traspaso al mercado de oportunidad. Luego de un largo proceso de negociaciones con la participación de los bancos multilaterales y consultores internacionales quienes asesoraron sobre el cálculo de estos costos hundidos, el gobierno acuerda pagar la suma de unos US$51 millones, la cual será pagada con el préstamo sectorial eléctrico que el Banco Mundial tiene preparado para el país.

Por lo tanto el dinero al que usted hace mención, no fue el pago de los costos hundidos sino el pago de deuda atrasada.

Pienso que informaciones como la publicada en su columna desinforman y traen intranquilidad al país, y creo que un medio informativo está llamado a escribir apegado de la verdad, para que sus lectores puedan valorar y darle el peso adecuado a la información transmitida.

Esperando haber contribuido al esclarecimiento del tema, y si más por el momento se despide,

Atentamente,

Nelson Guerrero

Cédula 001-0095510-3