No al crimen contra el crimen

No al crimen contra el crimen

El país esperará con gran preocupación, expectante, el resultado de las investigaciones emprendidas  tras   los testimonios  que indican  que dos acusados de secuestrar al joven Eduardo Baldera fueron apresados vivos y luego  fusilados,  y que una vez más la etiqueta de “intercambio de disparos”  habría de resultar  falsa. Independientemente de ese resultado, es hora de advertir que la sociedad dominicana necesita  una decisiva actitud   de  sus autoridades.  Es necesario encontrar una política de verdadera seguridad ciudadana que evite   las dudas que  con frecuencia surgen por las denuncias de  alegadas acciones sumarias contrarias a  normas fundamentales  del nivel de civilización en que se supone nos hallamos.

Los hechos de esta naturaleza han mantenido su recurrencia por una injustificada flexibilidad de los mecanismos del Poder y la Justicia obligados  por el Estado de derecho que representan a reaccionar con investigaciones que vayan más allá de apariencias y de los  informes de los propios participantes. De alguna manera, y sobre todo por omisión,  la autoridad civil parece permitir que tenga vigencia el criterio de que se puede combatir a la delincuencia pisoteando, como ella,  principios universales  de respeto a la condición humana. Pero esa igualación lo que tiende a   generar es espirales de violencia, envilecimientos y crueldades.

 

Débil  apoyo a  labor anti droga

Un retraso que el gobierno debe resolver ya: dejar  tres meses consecutivos de entregar recursos  asignados  a instituciones que bregan contra los efectos del consumo de estupefacientes, una lucha difícil afectada  por la precariedad de medios aunque el Estado   esté al día. En el país  la adicción a narcóticos se adquiere a edad cada vez más temprana. La mayoría de los delitos están relacionados con el tráfico y uso de tales sustancias. Por tanto, los tribunales y las cárceles tienen buena parte de sus espacios  copados por delitos de ese renglón de  todas las magnitudes.

Desamparar   entidades que abren sus puertas a ciudadanos con   problemas de conducta por drogas aumenta la vulnerabilidad de la sociedad a ese flagelo. Una hiedra que se extiende  para alcanzar a ciudadanos de todas las  clases. Que nos amenaza sin tregua a todos. Combatirla no puede dejar de ser una prioridad.

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