JOSÉ B. GAUTIER
¡Alerta! Es un peligro para la sociedad dominicana y su integridad física como nación, que grupos económicos privados locales y extranjeros con el apoyo del gobierno nacional auspicien desarrollar en propiedades agro industriales del Estado un proyecto de producción de etanol como sustituto de combustible.

El pueblo dominicano tiene sus refranes que a veces pocos entienden. Pero que raras veces yerran el blanco.

«Producir etanol en la República Dominicana es un negocio de «capa perro». ¿Por qué instalar una empresa para perder, para que todos nos jodamos y dependamos más de la mano de obra extranjera?, se preguntan los más viejos, aquellos que han estudiado los procesos que siguieron la ocupación militar norteamericana del país en el año 1924?».

En este caso del biocombustible será el Estado, burlado como garante económico del nuevo proyecto, y dueño de los medios de producción, quien terminará cargando con el elefante blanco industrial, mientras que un pequeño grupo económico saldrá más enriquecido, el pueblo dominicano más empobrecido pagando con más impuestos las nefastas consecuencias, y el país más dependiente de la mano de obra haitiana.

Para nadie es un secreto que por razones económicas, en la República Dominicana no hay la mano de obra que se requiere para cortar la caña de los ingenios azucareros estatales y privados.

Que no es rentable a la industria azucarera nacional pagar salarios justos a los obreros y trabajadores que intervienen en el proceso de producción y manufactura de azúcar y sus derivados.

Que por esta razón tradicionalmente se han pagado salarios de hambre y de miseria a los jornaleros agrícolas haitianos indocumentados, importados de contrabando por la industria azucarera nacional, sin controles legales sobre derechos humanos y laborales, mantenidos en condiciones de vida y de trabajo infrahumanas en bateyes propiedad del Estado y de empresas privadas, degradando en la cadena laboral del país, todo el proceso de trabajo agrícola digno.

Que los precios del azúcar y sus derivados exportados generalmente no se rigen por la ley de la oferta y demanda, si no que son determinados en el mercado mundial o a través de acuerdos, muchos de ellos políticos, entre el país productor y el consumidor de cuotas privilegiadas o preferenciales.

Que recae el costo material de producir azúcar en el país en condiciones adversas, a precios deficitarios, sobre los hombros del pueblo dominicano, con el peso de una inmigración ilegal de trabajadores haitianos, analfabeta, enferma, estigmatizada en su primitivismo cultural atávico africano (el de los luases), que trabajan en esas empresas agro industriales, violadoras de la Constitución y las leyes laborales y migratorias, provocando un caos jurídico, laboral, social y cultural, para que unos pocos, mayormente extranjeros, o una clase política pervertida, obtengan jugosos benéficos económicos a costa de sacrificar a todo ese pueblo dominicano castrado de su nacionalidad, su soberanía, su empleo, su educación, su salud, su bienestar social, sus costumbres.

Todas estas empresas agroindustriales privadas de capital extranjero y estatales (esas confiscadas a la dictadura de Trujillo y nacionalizadas) se han aprovechado por mucho tiempo de las debilidades institucionales de la nación haitiana, de sus gobiernos corrompidos, ya sea en los momentos que fue o sigue siendo ocupado su territorio, su soberanía pisoteada, por fuerzas militares norteamericanas o bajo sangrientas dictaduras locales para implementar, dentro de esa nación fallida como la República de Haití (actualmente su soberanía intervenida y pisoteada injustamente por una «misión de paz» integrada por fuerzas políticas y militares extranjeras de la ONU), la compra y venta de seres humanos y su traslado o tráfico ilegal hacia la República Dominicana para trabajar en modelos laborales esclavizantes, auspiciados por gobiernos locales corrompidos.

¿Es que los políticos y empresarios dominicanos son tan torpes o mezquinos que no entienden que esta anómala situación que amenaza con la «balcanización de la isla» no puede continuar, que es su responsabilidad cambiarla, no agravarla?

La nueva Ley de Migración, la número 285-04, ha resultado ser un vergonzoso fiasco, por inoperante y absurda. Ni siquiera el Poder Ejecutivo ha podido dictar, a casi tres años de su promulgación, el Reglamento de Aplicación (Artículo 153). Mucho menos el gobierno ha podido elaborar un Plan de Regulación de los extranjeros ilegales radicados en el país (Artículo 151).

¿Ha meditado el señor Presidente de la República, doctor Leonel Fernández, lo que significaría embarcar a la nación dominicana, a su pueblo y a su gobierno en producir etanol, retrocediendo todo el potencial para el desarrollo del país, a una economía de plantación cañera de modelo colonial, sin tener la tierra apropiada para expandir el cultivo de la caña sin sacrificar otros cultivos alimenticios más rentables que nos garanticen la seguridad alimenticia, y sin tener los recursos humanos para trabajar la tierra en el desarrollo de la agropecuaria, a no ser importando, todos los años, miles de nuevos braceros haitianos ilegalmente?