JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
Desde el inicio de las conversaciones entre los representantes del Gobierno y los sectores productivos del país, el Agropecuario, representado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), le indicó al Consejo Económico, Social e Institucional que coordinaba monseñor Agripino Núñez Collado que negociaría su posición directamente con los representantes del Estado Dominicano. 

Posteriormente, ratificó esta decisión al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), designada como enlace con las diferentes asociaciones y grupos empresariales que presentaban sus propuestas y puntos de vista con respecto, no sólo al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centro América y República Dominicana, sino también frente al anteproyecto de Reforma Tributaria.

Los representantes del Estado Dominicano insistían que dado que se eliminaría el 13% de la Comisión Cambiaria, (medida administrativa e inconstitucional) se debería aceptar un ITBIS de un 16%, incluyendo una tasa diferenciada para el sector agropecuario de un 8% que abarcaría también la denominada canasta básica o familiar.  Por supuesto, estas proposiciones fueron rechazadas por la JAD aduciendo que si se llevaba a cabo esa decisión, se operaría un incremento en los alimentos de consumo diario ya que los mismos no podrían ser traspasados a los animales o a los árboles.  En consecuencia, quienes pagarían el mismo serían los consumidores.

El sector público ha sido renuente en admitir que la agropecuaria es la actividad más desprotegida y más riesgosa y que por lo tanto debe tener un tratamiento especial, ya que tiene que asumir las pérdidas por los denominados casos de fuerza mayor (huracanes, tornados, riadas, deslizamiento de terrenos, sequías, plagas y enfermedades).  Además, frente a los demás miembros del Tratado, conocido por sus siglas inglesas de DR-CAFTA, se encuentra en gran desventaja por los privilegios en forma de subsidios que reciben, tanto los productores norteamericanos como los centroamericanos. 

El sector agropecuario no había querido hacer pública su decisión de no aceptar un ITBIS diferenciado a la espera de un anunciado acercamiento de parte del sector oficial.  Al no producirse el mismo y ante la inminencia de que el rumor público concerniente al referido impuesto se convirtiese en realidad, la JAD optó por convocar a los líderes de las diferentes instituciones que componen su matrícula y por decisión unánime, en rueda de prensa el 2 del mes que discurre, se emitió un Comunicado en donde se fija la posición del sector agropecuario, no sin antes haberle reconocido y  agradecido al sector oficial y al presidente de la República, la actitud positiva que mostraron al estar dispuestos al diálogo de manera permanente.

En siete puntos resumió la JAD y las 41 instituciones que apoyaron el Comunicado, las medidas necesarias que debe propiciar el Estado Dominicano para que su sector se mantenga activo y no desaparezcan la mayoría de las unidades productivas, tal y como se vislumbra si el mismo no acude en socorro de la agropecuaria.

El primero y el que ha traído el mayor enfrentamiento con el sector oficial, es la exención del pago del ITBIS a los insumos, equipos y maquinarias utilizados en la producción agropecuaria.  Si bien es cierto que el Estado estaba dispuesto a exceptuar los equipos y las maquinarias, no cedió ante los insumos, los cuales son el corazón y motor del desarrollo del campo.

El segundo y tercero también habían sido aceptados en principio por los negociadores gubernamentales respecto a no gravar con un 1% los terrenos rurales y otros dedicados a la agropecuaria y la agroindustria.  Esto incluye, la exclusión del pago ad-valorem del 15% a las matrículas de los vehículos de motor empleados en la agropecuaria (tractores, cosechadoras, motocultores, etc.).

El cuarto y quinto se referían a la necesidad de modernizar, transformar y hacer eficiente nuestra producción, para reducir costos e incorporar tecnologías que permitan la competitividad y el mejoramiento de la calidad e inocuidad de nuestros productos.

En el sexto se proponía una Alianza Estratégica, Gobierno-Congreso Nacional y Sector Productivo Agropecuario, para aunar esfuerzos por intermedio de una Reforma Tributaria consensuada, que permita mantener la actividad agropecuaria y agroindustrial de manera competitiva.  Esto significa el mantenimiento de miles de puestos de trabajo que podrían perderse si estos sectores se abocan a un enfrentamiento.

Por último, se solicitaba poner en marcha un Programa Apoyo Directo a los Productores de los bienes más sensibles a la entrada en vigor el primero de enero de 2006 del DR-CAFTA, en particular a los productores de arroz, habichuelas, leche, ajo, caña de azúcar, cebolla, carne de res, cerdo y pollo.

La tozudez nunca ha sido una característica beneficiosa para sectores vitales de nuestro país.  Al recordar que el sector primario es la agricultura, terminaremos con un axioma: “sin la misma no hay alimentos, y sin éstos, el ser humano perece”.