En estos días, en que en el seno del Congreso se debate la reforma de la Constitución, ha saltado a la palestra la cuestión de la creación de una corte constitucional que asuma, como su propio nombre indica, la interpretación de la Carta Magna.

Lo curioso es que este debate ha ingresado en el panorama político dominicano como si no existiera en este país un tribunal que se ocupe de estas funciones. El caso es que sí lo hay, y se llama Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿a quién beneficiaría esta nueva institución, máximo intérprete de la constitución? Esta pregunta no la sé responder, aunque tengo ciertas sospechas, pero sin  duda alguna debe de haber por ahí, detrás de las bambalinas, algún sector que ya ha hecho sus cálculos de cómo se va a beneficiar con esta nueva instancia.

Pero recordemos que se trataría de un poder que no provendría del pueblo, porque a sus componentes se les escogería de entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, sin votación popular ninguna. ¿Qué pueblo habrá elegido a esos jueces dotados de un poder descomunal?

Porque seamos sinceros ¿qué es lo que va a reportar al país esta nueva corte que no ofrezca ya la existente Suprema Corte de Justicia? La creación de un tribunal constitucional exigirá la construcción de un edificio, la dotación adecuada de personal, medios para desarrollar sus funciones, vehículos (¿exonerados?), en definitiva, un presupuesto propio. Dígame, ¿puede un país que ni siquiera es capaz de dar luz a sus habitantes permitirse este lujo?

En los países con un adecuado nivel de institucionalidad –casi todos los desarrollados-, en los que ejerce sus poderes un tribunal constitucional y sus funciones están adecuadamente encajadas en el funcionamiento normal, de las instituciones, estas cortes desarrollan un papel eficaz e incluso imprescindible cuando se producen choques entre las propias instituciones y es preciso interpretar la constitución respectiva. Aun así, las tensiones en la relación entre los tribunales constitucionales y los supremos son fuertes –como ocurre en España-, casi siempre por causa de la competencia de cada uno de ellos al no estar ésta bien determinada por la ley. ¿Estamos en disposición de asegurar, dada nuestra experiencia, que esta ley de competencias del tribunal constitucional vaya a ser clara y completa?

Por el contrario, en los países sin un adecuado nivel de institucionalidad,  como algunos de los latinoamericanos, vemos que la existencia de cortes supremas y constitucionales retarda absurdamente la solución de los casos en perjuicio de las personas físicas y jurídicas. Pero también se dan las situaciones en las que el constitucional se ha hecho con un poder desmesurado.

Tomemos el caso de Costa Rica, donde el tribunal constitucional, más conocido como Sala Cuarta de Justicia, se ha hecho, así como lo leen, con el poder del país. En Costa Rica, debido a la confusión de su sistema legal y a la aprobación enloquecida de leyes, por parte de los sucesivos gobiernos y de las mayorías parlamentarias que les han ido apoyando sin pararse a pensar que sus disposiciones chocan o no con leyes precedentes, todo, absolutamente todo, desemboca en la Sala Constitucional, verdadero amo y señor de vidas y haciendas y que tiene detenido el desarrollo del país. Es fácil imaginar que la rémora que esto supusiera para el desarrollo de este país sería incalculable. ¿Queremos esto mismo para la República Dominicana?

La consecuencia de ello es que el presidente de la República y su Gobierno dejarán de tener control sobre sus decisiones –naturalmente, siempre que hayan sido aprobadas por el Congreso- al pasar a ser decididas por el tribunal constitucional en el momento en que cualquier persona o institución discuta su constitucionalidad, en su calidad de máximo intérprete de la Carta Magna. Los jueces constitucionales, como en Costa Rica, se convertirán así en el Gobierno verdadero.

Desgraciadamente, el escaso desarrollo institucional de la República Dominicana favorece que muchas instituciones se muevan sobre las bases de un clientelismo decimonónico o, lo que es peor, del tráfico de influencias, y así sería también con este tribunal constitucional. De tal modo que el que tenga más poder o más dinero será quien se saque adelante las sentencias. ¿Lo van  a consentir partidos ligados al pueblo como el PLD y el PRD?

Hoy por hoy, este país no está preparado para una nueva instancia judicial que, primero, va a vivir peleando con la Suprema Corte de Justicia; segundo, va a suponer un gasto elevado para las vacías arcas del Estado; tercero, se va a convertir en el verdadero Gobierno de la nación; y cuarto va a retardar la solución de los casos porque, claro, quien haya tenido una sentencia desfavorable de la Suprema Corte de Justicia va a querer recurrir al Tribunal Constitucional para tratar de llevarse el gato al agua.

Y que nadie aduzca que esto último es falso sobre la base de que este nuevo tribunal va a entender sólo de casos que tengan relación con la Constitución de la nación, porque en principio todo asunto es o puede ser (y son sus jueces los que han de admitir los temas a trámite) constitucional, empezando por los derechos y obligaciones de los individuos, y ahí me temo que entra todo.

Estados Unidos, uno de los países más democráticos del mundo, ha podido vivir hasta ahora sin un tribunal constitucional. Las funciones de interpretación de la Constitución de 1787 las ejerce –como ocurre hoy en la República Dominicana- la Supreme Court of Justice sin que nadie eche de menos la existencia de un tribunal constitucional.

La República Dominicana, que en absoluto ha llegado al desarrollo institucional de que disfrutan los estadounidenses, ¿necesita realmente crear un tribunal de ese género?

Un tribunal constitucional no es necesario aquí. Me temo que se trata de una cuestión sin incidencia en la vida real de los dominicanos y en la que debe de haber enormes intereses, nada sanos, detrás.

Las claves

1. Otro peligro

En algunos países, como Costa Rica, el tribunal constitucional se ha hecho con el poder del país, ya que todos los casos desembocan en este tribunal.

 2.  Bajo una sombra

El escaso desarrollo institucional del país favorece que muchas instituciones se muevan sobre las bases del clientelismo y el tráfico de influencias; lo mismo sucedería  con ese tribunal constitucional.