POR ALEIDA PLASENCIA
El arquitecto Alejandro Montás calificó de “ignorante y absurda” las pretensiones de algunos funcionarios para crear una ley exclusiva de concesiones, como vía expedita de garantizar las inversiones del sector privado en las grandes obras estatales.
Manifestó que los aprestos que en este sentido realiza Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Obras del Estado, constituye una agresión en contra de la ley de contratación pública de bienes, obras servicios y concesiones, promulgada recientemente por el presidente Leonel Fernández.
Añadió que esta legislación garantiza que a las empresas nacionales y extranjeras les sean adjudicados, tras los procesos legales y transparentes, los proyectos oficiales mediante la modalidad de concesiones.
Montás, diputado y ex presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), quien formó parte de la comisión técnica que elaboró el anteproyecto de la recién promulgación ley de contratación pública de bienes, obras, servicios y concesiones, dijo que la misma es un instrumento idóneo que transparenta y garantiza la ejecución de todas las acciones del gobierno, incluyendo los ayuntamientos.
Explicó que la concesión y ejecución de contratos de concesiones, suspensión y extinción de los mismos, está claramente especificados en los artículos 58 al 64 de la referida disposición constitucional, por lo que no es necesario elaborar otra ley especial en tal sentido.
Dijo que la ley de contrataciones de obras será robustecida con el Reglamento que la regirá y el cual estará bajo la responsabilidad de un órgano rector de la contratación pública integrado por representantes de instituciones oficiales y privadas.
Consideró cierto que el país confronta dificultades económicas que imposibilitan que el gobierno inicie grandes obras, lo que no sería ningún problema, puesto que las mismas pueden ser construidas mediante concesiones, lo que permitirá al gobierno un desahogo económico. Esto significa, reiteró Montás, que el Estado no tendrá que erogar un solo centavo, puesto que las empresas constructoras utilizarían sus propios recursos económicos en la ejecución de los proyectos.
Como ejemplo, el legislador del partido del gobierno señaló la carretera que se construye desde Santo Domingo a Samaná, la cual está a cargo de una empresa privada que la administrará durante 20 años, obteniendo los recursos invertidos mediante el cobro de los peajes que se instalarán.
La ley de contratación no es un instrumento que acomoda a sectores algunos, al contrario, responde a una necesidad de adecuación de las instituciones que conforman los poderes del Estado, puntualizó.
Sostuvo que esta, a la vez, está cónsona con legislaciones de otras latitudes, muy en especial, con las naciones con las que el país rubricó el controversial Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos(DR-CAFTA).
Indicó que tan pronto el Poder Ejecutivo promulgue el reglamento que servirá de base a la aplicación de la referida ley, se observará que la misma responde a los mejores intereses del país, al tiempo que prevé diáfanamente las normativas para la construcción de grandes obras que viabilizarán el crecimiento y desarrollo del país.
Recordó que la ausencia de una legislación adecuada permitió que en muchas ocasiones el “gasto público” mediante la contratación estatal implicaba un porcentaje de la inversión oficial entre un 8 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB) y por encima del 40% del Presupuesto Nacional.
De manera, añadió Montás, que con la ejecución de este marco jurídico los sectores que inciden en el área de la construcción tendrán un escenario de pleno derecho que les permitirá obtener un crecimiento económico.
Reiteró que el reglamento explica con profundidad el proceso con sus requisitos de concesiones de obras a empresas nativas y extranjeras.
Ya el país cuenta con una ley al respecto que se irá mejorando durante su aplicación, por lo que, quienes aspiran a crear otras legislación similar, lo hacen por engreimiento y apetencia personal, enfatizó el diputado Montás.