República Dominicana tiene que blindar su frontera contra un adyacente vacío de autoridad sin dar motivos a que se pretenda atribuir otra significación que no sea protegerse del caos, la violencia rampante en el territorio vecino y de una intensificación del ingreso irregular de extranjeros.

Quienes menos aceptan traspaso de límites geográficos que desborden sus regulaciones migratorias son Estados Unidos y otras potencias que siguen renuentes a movilizar mecanismos multilaterales que conjuren la anarquía en el corazón del Caribe.

El Estado dominicano confronta problemas económicos, sanitarios y de servicios a sus propios ciudadanos y legítimamente le compete revisar sus políticas, o la falta de tales, para preservar el mercado laboral para la mayoría de sus ciudadanos como manda la legislación vigente.

Urge dignificar la remuneración del trabajo y proteger las condiciones de vida del obrero dominicano para alentar su participación en actividades productivas desestimulada históricamente por la debilidad en la aplicación de regulaciones al ingreso de viajeros lo que ha generado un tráfico corrupto de todo género y riesgos a la seguridad nacional con una sobrepoblación inmigratoria contraria a la agenda nacional.

Sin incurrir en abusos, el país tiene que regular la presencia de ciudadanos llegados del exterior por sus limitaciones materiales e institucionales para acogerlos y debe hacer respetar su propia legalidad y soberanía.

La convivencia entre Estados está siendo dañada desde el oeste

Se les aprovisiona y se les deja abusar de la hospitalidad

Un vecino en tinieblas abierto al magnicidio y al vandalismo