JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Es obvio que la consulta propuesta por el Gobierno para la reforma constitucional es un mecanismo llamado a sustituir la Asamblea Constituyente con la que están comprometidos tanto el presidente Leonel Fernández como su Partido de la Liberación Dominicana, razón por la cual debe ser rechazada.

El rechazo se impone particularmente por parte de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil dominicana comprometida durante muchos años con la idea de una Asamblea Constituyente por elección popular.

No hay razón para que se cambie la constituyente por una consulta que en nada obligaría a la mayoría peledeísta que predominará en el Congreso Nacional a partir del próximo 16 de agosto, sobre todo si se le da borrón y cuenta nueva a los compromisos programáticos.

De ninguna forma se puede olvidar que en los programas de gobierno del PLD se postula la Asamblea Constituyente como el mecanismo idóneo para una reforma de fondo a la Constitución de la República. Fue también un compromiso del presidente Leonel Fernández en la campaña electoral del 2004.

La simple participación en la consulta que se pretende convocar implica otorgar una carta abierta para que nuevamente la Constitución sea modificada a conveniencia de la mayoría congresional de turno. Nadie podría garantizar que esta vez sí se pondrá atención a los reclamos de la sociedad.

En dos artículos recientes hemos demostrado que han sobrado las consultas sobre reformas constitucionales realizadas en la última década, incluyendo los 16 foros regionales y el Diálogo Nacional auspiciados por la anterior gestión gubernamental del PLD, a través de su Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado.

A esas consultas y acuerdos se sumaron las realizadas por el Consejo Nacional de Reforma del Estado durante el gobierno perredeísta del 2000-04 y la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las que en conjunto han involucrado a miles de ciudadanos y ciudadanas representantes de cientos de organizaciones sociales.

Sería una incongruencia complaciente que las organizaciones sociales que participaron en los trabajos de cuatro meses de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional no reivindicaran el amplio consenso logrado en el 2001 y se aprestaran a cambiarlo por una simple consulta que quedaría a voluntad de un solo partido.

No se puede olvidar que el PLD fue parte activa de esa comisión y ese consenso, y que fue persistente en reclamar la Asamblea Constituyente por elección popular.

Tampoco se puede obviar el Pacto por la Reforma Constitucional suscrito el 27 de septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios y que también acordaba una elección de constituyentes para adaptar la Constitución a los nuevos tiempos.

El consenso de la Comisión Especial creada por decreto del presidente Hipólito Mejía incluyó un mecanismo para que la sociedad civil pueda participar de la reforma.

Se acordó que serían electos 155 representantes de los partidos políticos y 31 por las organizaciones sociales.

Se estableció que los representantes de la sociedad civil serían escogidos en una sola circunscripción nacional, que podrían ser postulados en coaliciones de por lo menos diez organizaciones sociales con personería jurídica que reúnan el uno por ciento de los votos válidos de la última elección general y que en su propuesta alternaran un hombre y una mujer sin militancia en los partidos y con representación regional.

Ese mecanismo está llamado a evitar que los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil sean politizados, como ocurriría de ser postulados en las listas de los partidos.

Renunciar a ese consenso que consta en un folleto publicado por la Universidad Católica Madre y Maestra, echaría por tierra todos los esfuerzos participativos de la sociedad civil durante por lo menos una década.

Por lo menos yo no cambio esos consensos a favor de la Asamblea Constituyente por una nueva y redundante consulta. Que conste en acta.