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POR DIEGO PESQUEIRA
Si el gobierno dominicano desacata la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo condenó por negar actas de nacimientos a las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, podría desacreditarse en el exterior y sufrir serias consecuencias jurídicas y políticas, advirtió ayer una abogada estadounidense.
Se trata de la abogada que llevó el caso a nivel internacional durante ocho años.
Roxana Altholz denunció, además, que el gobierno dominicano rehusó recibir la visita de una comisión de la Corte Interamericana y que otras instituciones como la Cancillería, Educación, Conani y Migración, les han negado cita para conversar sobre el caso.
Entrevistada luego de participar en el Altar de la Patria junto a Virgilio Almánzar en un acto con motivo de la celebración del Día de los Derechos Humanos, agregó que el Estado dominicano enfrenta serias consecuencias jurídicas y políticas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado dominicano a pagar US$22,000 en compensación a favor de las niñas Yean y Bosico, y de sus madres, por daños inmateriales al no otorgarles sus actas de nacimiento. Las niñas fueron dejadas en condición apátrida por más de cuatro años en violación a los artículos 20 y 24 de la Convención Americana.
Altholz dijo que la actitud asumida por el gobierno envía un mensaje «muy preocupante sobre el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en la República Dominicana».
También calificó de inválidos los alegatos de un grupo de personalidades dominicanas que solicitaron ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucional de la sentencia la Corte Interamericana.
Sostiene que no se requiere de la ratificación del Senado para aceptar la competencia de la Corte.
Afirmó que ambas niñas, a las que se les negó su derecho a la nacionalidad, pertenecen a la tercera generación de sus respectivas familias.
Dijo extrañarle el recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de personalidades dominicanas, puesto que el Estado Dominicano ratificó la competencia de la Corte Interamericana.
A su juicio, el problema en la República es de indocumentación en general, que afecta la comunidad domínico-haitiana, producto de un registro civil que «no funciona».
«Hay miles de niños acá que nacieron en la República Dominicana que no tienen acceso a derechos fundamentales porque no tienen sus actas de nacimiento, que no pueden asistir a la escuela porque no tienen actas de nacimiento», precisó.
Sostuvo que si la sociedad civil dominicana está afectada por violación a sus derechos humanos, deberían ejercer su derecho ante la comunidad internacional.
Dijo que las autoridades tienen hasta marzo para cumplir con una de las condenas.
Ambas niñas recibirán 8,000 dólares, mientras que a sus madres, Leonidas Oliven Yean y Tiramen Bosico Cofi, le otorgarán un total de 6,000 dólares por concepto de costos y gastos, que a su vez los entregarán como pago al Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA), al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y a la International Human Rights Law Clinic, School of Law (Boalt Hall), University of California, Berkeley para compensar los gastos realizados por éstos durante el proceso.
La sentencia en perjuicio del Estado dominicano fue dictada el pasado ocho de septiembre.
Altholz es una de los tres abogados que durante ocho años asumieron frente a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos el reclamo de dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana a las que se les había negado sus actas de nacimiento.
Es profesora de la Facultad de derecho de la Universidad de California, pero está vinculada a varias agencias defensoras de los derechos humanos.
La Universidad de California figura junto a otras instituciones como peticionaria en el caso.
CONSECUENCIAS
Alertó que el país puede sufrir consecuencias tanto jurídicas como políticas.
«Hay que tomar en cuenta que 22 países de la región han ratificado la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana, y 17 han sido condenados», precisó.
Citó el caso de Guatemala, donde el Presidente de la República, pidió perdón a familias victimas de violaciones de los derechos humanos en cumplimiento de una sentencia de la Corte.
También, según dijo, Colombia, ha pagado millones de dólares en reparaciones en cumplimiento de sentencias.
«Por lo tanto, si la República Dominicana desacata la sentencia éste país ofrecerá muy mala imagen sobre los derechos humanos», apuntó.
