Por MARIO MÉNDEZ
El director general de Impuestos Internos, licenciado Juan Hernández, afirmó que la aplicación de la Ley 28-01 de desarrollo fronterizo, sin reglamentación, haría insostenible la competitividad de las empresas que operan en la mayor parte del territorio nacional y crearían una difícil situación al Fisco.

Hernández explicó que ante esa situación se hace necesario reglamentar la aplicación de la Ley, haciendo valer los derechos adquiridos por las empresas que han venido operando en el país y que cumplen sus obligaciones fiscales.

Informó que con esos fines se reunirá este miércoles con el director del Consejo de la Zona Fronteriza.

Dijo que si se conceden exenciones de impuestos a empresas en la zona fronteriza para competir con las empresas que operan en el resto del territorio nacional, que producen los mismos bienes y servicios  y que pagan sus impuestos, el resultado sería que éstas también terminarían trasladándose a la frontera para acogerse a la exención de impuestos, lo cual daría como resultado un aumento en sus costos de operación  y una situación inmanejable para el fisco.

Puso como ejemplo qué hubiera ocurrido con la Cervecería Nacional si la empresa cervecera Ambev se hubiese establecido en la frontera para hacerle la competencia, sin pagar impuestos.

Hernández explicó que esto no ocurriría si se implementara una reglamentación de la Ley a fin de que las empresas acogidas no puedan producir bienes y servicios que ofrecen las demás empresas que operan en el territorio nacional y que pagan sus impuestos.

Hernández dijo que la situación debe reglamentarse porque a ninguna de las empresas que operan en el país  se le podría impedir la decisión de trasladarse a la región fronteriza, para beneficiarse de la ley de incentivos, en caso de que se vean amenazadas de salir de competencia porque a otras empresas que producen los mismos bienes y servicios se les permita operar libre de impuestos.

 Reveló que conoce el caso de un ingeniero constructor de obras en Higüey que para acogerse a la señalada ley de incentivos,  estableció domicilio en un lugar de la región fronteriza, lo cual consideró inaceptable, como igualmente inaceptable sería que se otorgaran  los incentivos de esa ley cualquier otra empresa que compita con los productos y servicios de empresas establecidas en el territorio nacional que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Explicó que la República Dominicana es un país muy pequeño, donde las mayores distancias se recorren en tres horas y 20 minutos, por lo que no se pueden aplicar exenciones impositivas que son válidas en países con un gran tamaño territorial.

Planteó que en la reglamentación de la ley debe asegurarse que no puedan “camuflajearse” empresas para competir desleal con sus competidoras y crear una situación de inequidad en el cumplimiento fiscal.

Consideró positivo que se apoye a empresas que se establezcan en la zona fronteriza, donde son altos los niveles de pobreza, pero sin otorgar exenciones impositivas que desconozcan los derechos adquiridos de empresas  con muchos años establecidas y que cumplen con el pago de los impuestos.