Ni el amplio frente de oposición Plataforma Democrática, ni la comunidad internacional, ni el gobierno de Jean Bertrand Aristide pueden dilatar en el logro de un acuerdo que permita a Haití salir de la prolongada crisis política y social en que vive desde hace tres años, para impedir que la insurrección en marcha se apodere del país y marque el nacimiento de un régimen de bandoleros, llamado a generar nuevas tragedias.

La ausencia de un ejército, la pérdida de apoyo al gobierno del exsacerdote y la desesperación en que está sumido el pueblo haitiano han creado un clima propicio para lo que se está viendo: el fortalecimiento de la opción insurreccional, en la que confluyen elementos del bajo mundo provenientes del duvalierismo y del llamado Ejército Caníbal que bajo el liderazgo de Amyot Metayer cumplió misiones criminales para el gobierno de Aristide hasta el asesinato de este en septiembre pasado.

La falta de cohesión y el aislamiento nacional e internacional del gobierno haitiano hacen temer que la insurrección pueda extenderse a otras ciudades y culminar en una victoria de estos grupos que la generalidad de los dirigentes democráticos y los observadores consideran típicos bandoleros, con fuertes antecedentes criminales, de los cuales lo menos que se puede esperar es un gobierno tiránico, con abundante derramamiento de sangre.

Esa nueva amenaza que se cierne sobre Haití obliga a los sectores más conscientes, con la ayuda de la comunidad internacional, a buscar un rápido acuerdo que suponga un calendario específico para celebrar elecciones libres y establecer un nuevo gobierno, en un plazo que no debe exceder el año en curso.

Afortunadamente todo indica que la Organización de Estados Americanos, Francia y otros países europeos, l os caribeños y Estados Unidos han comprendido la urgencia de la situación y presionan por una solución negociada a la crisis haitiana.

El marco de las negociaciones es el plan propuesto por los dirigentes de CARICOM, quienes median en la crisis desde diciembre pasado, tras los repetidos fracasos de la OEA, que se evidenció incapaz de arrancar suficientes concesiones al mandatario haitiano.

En esencia, ese plan supone elección inmediata de un nuevo primer ministro «neutral» o con suficiente independencia para encabezar un gobierno distante del interés continuista de Aristide, hasta la celebración de elecciones presidenciales en diciembre del 2005 para establecer nuevo gobierno al comenzar el 2006. Incluye la selección de un jurado electoral independiente, libertad de los presos políticos y cese de la represión contra los disidentes del régimen y comicios para elegir en corto plazo un nuevo parlamento.

Aristide ha expresado simpatía con el plan de CARICOM, aunque pocos le creen por las veces que en los últimos tres años ha frustrado las negociaciones, siempre con un discurso farisaico que habla de hermanos, de paz y comprensión, mientras auspicia que bandoleros desarrollen acciones criminales contra los opositores.

El descreimiento ha llevado a toda la oposición, encabezada por los partidos coordinados en Convergencia Democrática y por el Grupo de los 184 que integra las organizaciones sociales, coaligados ahora en la Plataforma Democrática, a rechazar toda negociaciones que no implique la salida de Aristide del poder.

Es evidente que la oposición democrática tiene sus razones y no puede ser ignorada, lo que obliga a la comunidad internacional a formular una salida intermedia, lo que al parecer favorece ahora Estados Unidos.

Esa salida podría ser forzar al presidente Aristide a adelantar la elección presidencial en un año, de manera que sea al comienzo del 2005 cuando se instaure un nuevo gobierno. Implicaría la elección del nuevo parlamento que sustituye al que cumplió su período en enero pasado sin que pudieran elegir sustitutos. Esta elección congresional serviría de prueba para un jurado electoral independiente que garantice una transparente elección presidencial.

Las condiciones están dadas para esa transacción. Aristide tiene que hacer alguna concesión más allá de escoger un primer ministro independiente. Y está obligado por el avance de la insurrección. Lo imperdonable sería que la comunidad internacional no sume sus fuerzas a la oposición democrática y permita que Jean Bertrand Aristide se salga de las cuerdas en que está atrapado. Seguro que la Plataforma Democrática aceptaría una trasacción.

El presidente Aristide ha demostrado que se convirtió en un politiquero más, portador de un nuevo caudillismo, autócrata y renegador de los principios que defendió en la oposición. Como casi todos los que llegan al poder en esta isla, sólo piensa en prolongarse en el mismo, a cualquier precio.

Los dominicanos también tenemos que poner nuestras piedras, aunque con mucho tacto, para contribuir a la edificación de una nueva opción democrática en Haití. No cabe la neutralidad ni la indiferencia, aunque tampoco la ingerencia.