HAMLET HERMANN
Hasta hace pocos años las empresas productoras de agregados para la construcción hacían lo que les daba la gana, y mucho más, con los cauces de los ríos dominicanos. El maridaje cómplice con la Secretaría de Obras Públicas, la cual se ocupaba entonces de otorgar los permisos ilimitados para la explotación de la corteza terrestre, garantizaba la protección y la impunidad, pagada siempre a precio de propina. Sin embargo, llegó entonces la ley 64-00 de “Normas Ambientales para Operaciones de la Minería No-Metálica” y formalmente se establecieron límites al saqueo de los recursos naturales.

La inercia burocrática hizo creer en esa época que nada cambiaría y la depredación sin control continuó.

Pero en septiembre del año pasado, 2005, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN) del gobierno de Leonel Fernández se puso los pantalones y exigió que las granceras se ciñeran al cumplimiento de las normas existentes. “Nadie puede estar por encima de la ley”. dijo entonces el Secretario del SEMARN, Maximiliano Puig. Y las iras del infierno se dejaron sentir en su contra. Los empresarios granceros decidieron responderle con una huelga patronal. Paralizaron la extracción de agregados y el chantaje inició su marcha para que nada cambiara. Acusaron al gobierno de querer destruir la industria de la construcción si no se les permitía seguir saqueando los cauces de los ríos. Como era de esperarse, los depredadores de la corteza terrestre encontraron la solidaridad cómplice de poderosos medios de comunicación, de la vergonzante directiva del Colegio de Ingenieros y hasta de altos funcionarios gubernamentales. Pero el SEMARN mantuvo su justa y legal posición de defensa de los recursos naturales. La extorsionadora medida hizo que muchos recordaran el “lock out” que llevaron a cabo otros empresarios en 1963 para crear las condiciones que orientarían el golpe de Estado contra el gobierno de Juan Bosch.

En días recientes se dio a conocer que el gobierno pondría en marcha un plan llamado Agua Limpia. El objetivo sería proteger los ríos al tiempo que buscar soluciones para la obtención de los agregados que se necesitan para estimular la construcción. Ojalá que el actual gobierno sea firme en la aplicación de su propio plan y no surja un funcionario que, en nombre de la gobernabilidad, empiece a recular ignorando la ley vigente. Fuentes para obtener agregados las hay por centenares alrededor de los centros urbanos de mayor consumo. Millones de metros cúbicos de arenas y gravas pueden ser aprovechados en las desembocaduras al mar de los grandes ríos y en los antiguos deltas no explotados todavía, así como en numerosas canteras que han esperado por siglos para entregar su corteza. Claro que los niveles de explotación tendrían que ser condicionados a los procesos geológicos naturales de reposición y no continuar con la depredación inmisericorde del medio ambiente. Si se ejecutara un plan maestro de recursos naturales nuevas fuentes de agregados serían localizadas y la explotación de cada una de éstas podría ser sometida a concurso.

Esto demostraría con creces que el territorio dominicano tiene múltiples opciones para evitar el saqueo y la depredación de los ríos. Es asimismo recomendable iniciar de inmediato un proceso de disminución progresiva de la extracción de agregados de los cauces de los ríos de manera que en muy corto plazo todas las instalaciones en esos lugares sean desmontadas. Eso permitiría iniciar la recuperación de las desaparecidas vías fluviales.

Tal como dijo este periódico HOY cinco meses atrás en una nota titulada “No lo dejen solo”, el conflicto alrededor de los agregados para la construcción “se trata, por si todavía no se han dado cuenta, de un pleito viejo, como vieja es también la nefasta complicidad de la Secretaría de Obras Públicas con los depredadores, pleito que, hasta ahora, han ganado siempre los voraces granceras y sus cómplices. Aunque las leyes digan lo contrario y esté en juego la vida de nuestros ríos”

Ahora nos toca también decirle al gobierno y a todo el país: no dejen solo a Max Puig en esta lucha por defender el medio ambiente de República Dominicana. Salvar los recursos naturales quizás no sea una muestra de modernidad de acuerdo con los criterios de algunos funcionarios, pero es lo menos que puede hacerse para salvar el territorio nacional de convertirse en un árido desierto como el de nuestros vecinos haitianos.