Por FIOR GIL
El superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, no descartó la posibilidad de que el Estado y las empresas del sector eléctrico lleguen a un arreglo con la compañía Trust Capital of de West (TCW), quien presentó una demanda por US$700 millones por violación a varios puntos de los contratos de capitalización con la Distribuidora del Este (EDEESTE) y que se podría acudir a un arbitraje internacional.

Aclaró que formalmente no se ha recibido ninguna notificación de parte de un tribunal que haya sido apoderado de la demanda de la TCW y que esta empresa bien podría acudir a un arbitraje para dilucidar los incumplimientos a varios temas de los contrato de capitalización. 

Dijo que aunque las quejas de los inversionistas de Edeeste, se remontan a faltas cometidas en la gestión pasada existe la continuidad jurídica del Estado, lo que obliga a las autoridades asumir todas las consecuencias de la demanda incoada en su contra.

“Ellos alegan que en los contratos de capitalización firmados en el año l999 fueron violados, fundamentalmente durante la pasada administración. Hay una continuidad jurídica del Estado y nosotros asumimos todas las consecuencias”, dijo

Méndez puso como ejemplo que las actuales autoridades del sector eléctrico aunque no estuviesen de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Madrid han tenido que convivir con él al igual que con el Programa de Reducción de Apagones y con la compra de las distribuidoras del Norte y del Sur (Edenorte y Edesur) que fueron parte de las medidas heredadas del pasado gobierno.

El funcionario afirmó que la TCW cataloga como un desviamiento regulatorio el hecho de que la Superintendencia de Electricidad no aplicara los incrementos de la tarifa eléctrica como se establecía en los contratos de la capitalización.

También señalan como incumplimiento que la Ley General de Electricidad que se aprobó en el 2001, al establecer el desmonte de los dos megavatios hasta los 200 kilovatios, con lo cual se violaba sus derechos porque se habían comprometido a mantenerlo por encima de los dos megavatios.

Dijo que los inversionistas de la TCW aseguran haber perdido un mercado cautivo de clientes que han pasado a no regulados.

Méndez indicó que alegan, además, que debe dársele el mismo tratamiento que se le dio a la Unión Fenosa con las negociaciones para pasar nuevamente las distribuidoras al Estado, dado que hay un acuerdo de protección de inversiones recíproca entre la República Dominicana y Francia ya que cuentan con una empresa accionista de origen francés.

“Eso es básicamente el sumario de la demanda que es incoada contra el Estado, la CDEEE y contra la Superintendencia”, dijo Méndez al ser entrevistado por Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel en el Telematutino 11, de Telesistema Dominicano, Canal 11.

El funcionario indicó que el pasado miércoles se llevó a cabo la primera reunión entre los funcionarios del sector eléctrico oficial y el Consultor Jurídico del Poder  Ejecutivo, doctor César Pina Toribio, para coordinar una estrategia.

Aclaró que desde el pasado mes de diciembre se conocían las intenciones de la TCW y que finalmente han hecho una demanda sin haber realizado una notificación ni acudir al arbitraje internacional como se actúa en esos casos.

Méndez recordó que AES Dominicana se desligó de las gestiones iniciadas por la TCW, que son los accionistas de Edeeste, y que AES sólo funge como operador de dicha distribuidora.

“Las primeras informaciones hablaban de AES Dominicana pero la realidad es que AES sólo administra esa distribuidora”.

Dijo que la TCW pide una compensación porque entienden que sus derechos han sido violados “ahora nosotros estamos estudiando el expediente para tomar una decisión correspondiente para  saber que vamos hacer con ello que presentaron el pliego de demanda en el mes de diciembre”, agregó.

Méndez reiteró que el gobierno dominicano no ha recibido ninguna notificación formal de los tribunales de Nueva York ni han sido conminados y que simplemente los abogados de TCW se acercaron a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y les hablaron de las quejas de la empresa.

“Probablemente los inversionistas de la TCW están buscando un acuerdo una conciliación, pero nosotros no hemos sido conminado formalmente, pero vamos a establecer una estrategia buscar los abogados que nos puedan asesorar en la materia para defendernos sobre esas acusaciones”, indicó.

Dijo que la población puede estar segura que los funcionarios del gobierno van a defender los mejores intereses de la nación, independientemente de que las acusaciones que se argumentan hayan sido en la gestión pasada.