POR ROSA ALCANTARA
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo ayer que no descarta que un sector político esté detrás de los hechos de violencia y criminalidad que se registran en el país, por lo que consideró que las investigaciones que se realicen para determinar el origen de esas acciones que afecta al país, deben abarcar a sectores políticos desplazados recientemente del poder.

Aseguró que elementos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado actuaban en componenda con sectores oficiales y que ahora, al sentirse desprotegidos, pretenden crear un clima de intranquilidad y desasosiego en el país.

Aclaró que el gobierno no quiere evadir su responsabilidad ni mucho menos trata de escurrir el bulto en determinar todas las causas que provocan el incremento de la violencia y la criminalidad.

Entrevistado en el programa D`Agenda, que produce Héctor Herrera Cabral cada domingo de 9:30 a 10:30 de la mañana por Telesistema, Canal 11 y retransmite el Canal Caribe todos los sábados de ocho a nueve de la noche para la costa Este de los Estados Unidos y Puerto Rico, Pina Toribio precisó que resulta sintomático que los hechos criminales se hayan incrementado cuando se produjo un cambio de gobierno en el país y sobre todo cuando las nuevas autoridades tratan de enrumbar sus actuaciones dentro del marco del respecto a la ley y los derechos humanos.

Agregó que la espiral de violencia coincide además con la labor de profilaxis  que se viene dando en las filas de la Policía Nacional, por lo que entiende también que por esa vía hay que focalizar las investigaciones para establecer posibles vínculos con sectores que se sienten afectados con esa iniciativa.

El funcionario gubernamental dijo que lo más lógico es pensar que delincuentes vinculados al narcotráfico siempre están listos para cometer sus fechorías y más aún cuando encuentran algún apoyo político interesados crear un clima de ingobernabilidad.

Dijo que hechos como el atentado criminal contra el periodista Euri Cabral sumado a la denuncia del Procurador General de la República en el sentido de que  narcotraficantes de Santiago de los Caballeros urden un plan en su contra, lo que buscan en llevar al ánimo de la población de que en el país impera el caos y la anarquía, y  en eso evidentemente está el componente político.

Advirtió que desde el gobierno existe la firme voluntad de enfrentar con dureza el incremento de las acciones delictivas aunque aclaró que las actuaciones de las autoridades siempre estarán enmarcadas en lo que dispone las leyes y la Constitución de la República.

En otro orden el funcionario reiteró que el Código Procesal Penal es un instrumento eficaz para la aplicación de justicia en el país y aunque dijo no tener pruebas, no duda que algunas actuaciones cuestionables que han adoptados los aplicadores del Código no forme parte de un plan para boicotearlo y hacerlo fracasar.

Sobre la lucha contra la corrupción, el exprocurador general de la República aseguró que las actuaciones de las autoridades siempre serán cónsonas con el comportamiento adoptado por el Ministerio Público en lo concerniente al expediente del Plan Renove.

Pina Toribio, reiteró además que la Ley de Primarias de los Partidos Políticos es inconstitucional porque le confiere poderes extralimitados a la Junta Central Electoral (JCE) sobre las organizaciones y que más que eso la pieza está concebida para resolverle los problemas internos a un partido en particular.

Dijo que cuando el senador peledeista José Tomás Pérez defiende la implementación de la ley bajo el alegato de que impide que los partidos sean controlados por dos o tres individuos se está refiriendo a otra organización y no al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El delegado del PLD ante la JCE rechazó lo externado por el doctor Salvador Ramos en el sentido de que la democracia podría estar en peligro por la desición del gobierno de recortar la partida presupuestal asignada a esa institución, agregando que en la actual situación de crisis económica que afecta al país todo el mundo debe sacrificarse hasta que la misma sea superada.

El funcionario palaciego también fustigó la decisión del Senado de la República de aprovechar la discusión sobre la eliminación del sirop de maíz para introducir de contrabando exenciones fiscales a sectores productivos por mas de cuatro mil 500 millones de pesos lo que pone en peligro las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Explicó que hay se puede ver como un partido político  atendiendo a intereses desconocidos trata de boicotear las acciones de un gobierno que busca rescatar económicamente al país de la situación en la que lo dejaron  las pasadas autoridades.

Aseguró que eso le dará más fuerza ante el país al presidente de la República cuando tenga que devolver la pieza al Congreso Nacional en caso que está sea convertida enley.