ROQUE NAPOLEÓN MUÑOZ PEÑA
El doctor Leonel Fernández, el 25 de mayo de 1998, mediante el decreto 200-98, designó una comisión «para que elaborara un proyecto de ley para regular todo lo relativo a la contratación y a la prestación de servicios de consultoría y supervisión de obras públicas», debido a que para su gobierno era «fundamental la tarea de adecentamiento de la vida pública por las implicaciones legales, morales, sociales y económicas que ello tiene en la vida nacional, para lo cual se hace necesario la reforma de algunos de los textos legales vigentes, debido a que», citamos, «tradicionalmente en el área de las contrataciones de obras públicas se han producido uno de los mayores niveles de corrupción y de escape de recursos públicos, en perjuicio del Estado Dominicano y del pueblo dominicano», en vista de que «para el Estado Dominicano, y para la sociedad dominicana, es urgente la existencia de una reglamentación completa, actualizada, uniforme y clara que establezca las diferentes modalidades de adjudicación de obras y los procedimientos de evaluación y precalificación de empresas e ingenieros individuales posibilitando, con ello la contratación rápida, eficiente, transparente y justa de las obras y servicios que el estado requiere para la realización de los programas de desarrollo nacional en beneficio de los intereses nacionales». (Termina la cita).

Dicho proyecto fue elaborado, modificado y después de muchos tumbos, fue consensuado en el CODIA y finalmente sometido al Congreso Nacional vía la Cámara de Diputados y todavía no ha sido aprobado.

Recientemente, el doctor Fernández sometió al Congreso, vía el Senado, otro proyecto con el mismo propósito.

Nos consta que en vista de que los proyectos sometidos al Congreso no han progresado, el Señor Presidente dispuso la elaboración de un decreto-puente, prohibiendo la dañina, odiosa, discriminatoria e inmoral práctica del grado a grado, el cual no acaba de publicarse, a pesar de que diferentes instituciones de la sociedad civil lo reclaman a una sola voz.

Estoy seguro de que si el doctor Fernández hubiese puesto en práctica su discurso con relación a los males que acarrea el grado a grado, no hubiera tenido que quejarse como lo hizo recientemente ya que esos casos, que no siempre son de la responsabilidad de profesionales de la ingeniería y la arquitectura, solamente ocurren, precisamente, cuando las obras son otorgada de grado a grado, siendo este solo uno de los tantos problemas característicos de ese antieconómico y corrupto sistema de contratación.

De usted depende, pues, señor Presidente, el evitar que esos males sigan ocurriendo porque si usted dispone, conforme al criterio externado por usted en las diferentes ocasiones citadas y en la forma y por la vía que más convengan a usted y al país, que todas las dependencias de su gobierno utilicen el concurso como método para la contratación de obras y servicios, tal y como propone en el Proyecto de Ley y en el decreto-puente citado, tal y como lo hizo su progenitor e ideólogo político, el profesor Juan Bosch, sin contar con ley o decreto alguno, puede estar seguro de que desaparecerá el motivo de su queja, en ese sentido, por lo menos durante su mandato.

Es por todo ello que no acabo de entender a nuestro presidente.