ANTONIO GIL
Hay mucho entusiasmo, entre los promotores del «nuevo Código» procesal penal, porque esperan que con su aplicación habrá una mejor justicia y al «viejo Código» se le ha señalado como uno de los principales responsables de los abusos que ha soportado hasta ahora la sociedad dominicana.

Pero me temo que la población no comparte el entusiasmo de los promotores del «nuevo Código», porque el ciudadano común es más realista y ha visto crear cientos de nuevas leyes con promesas de cambio y, sin embargo, las cosas parecen cada día peor.

Porque el problema de este código como el de todas las leyes no es la ley misma, sino quién debe aplicarlo. En esta misma línea viene machacando el presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, quien advierte constantemente que se necesitan personas con mejor formación y mayor peso moral en el área de la justicia.

Mi temor es que se han levantado muchas expectativas y antes de comenzar su aplicación ya hay indicios de la falla humana, que es, en definitiva, el principal defecto del «Viejo Código Napoleónico» y lo será del «Nuevo Código Procesal Penal».

Para demostrar esto citaré solo dos ejemplos que todavía están frescos en la mente de todos.

El primero es sobre uno de los fiscales recién designados que fue sustituido a los pocos días porque se presentó una denuncia de extorsión y soborno. La destitución se hizo por la simple sospecha «y por si las moscas».

Si tomamos en cuenta que son las autoridades del ministerio público actual las que deberán aplicar el nuevo código este en sí es un error, pero además se cometieron otros tres graves errores que inducen a reflexionar sobre esto.

El primero es que, en caso de que fuera culpable – que no lo sabemos-, se debió hacer una investigación y reunir todos los indicios y pruebas, y acusarlo formalmente, pero jamás despedir al fiscal sin comprobar su culpabilidad. Esto debió ser así dentro del nuevo y el viejo códigos.

El individuo, de ser culpable, debería hasta retirársele el exequátur y prohibirle el ejercicio profesional. Eso sería lo correcto, porque de lo contrario se estaría dejando a un presunto malandrín dispuesto a cometer otras fechorías en perjuicio de la sociedad, que es a la que se supone que deben proteger los códigos nuevos o viejos. Además, si no era culpable se cometió una injusticia y a ese ciudadano se le ha marcado con un delito que no cometió.

El segundo error es que al destituirlo se actuó como lo hacían «las viejas autoridades» que aplicaban a su manera el «viejo Código». Esto es malo desde todo punto de vista porque es un indicio de que las cosas no cambiaron mucho y el «procedimiento» es similar aunque la ley vieja y la nueva establezcan claramente como se debe procesar. El despido puro y simple no es castigo para un funcionario público que comete delitos de esta clase desde el sitio que se supone que debe impedirlos. Aquí no falló el código, falló el hombre.

El segundo ejemplo es el de los agentes policiales que, contraviniendo el código «viejo», la ley de tránsito y el código civil, retuvieron – por usar un eufemismo– vehículos propiedad de ciudadanos. Estos vehículos habían sido robados y los policías, en lugar de devolverlos a sus dueños, los usufructuaron a sabiendas de que era ilegal lo que hacían. Esto no es más que la punta de un témpano porque es ya conocido que los cuerpos de delito desaparecen desde hace muchos años.

El viejo código — napoleónico y con dos siglos de vida– preveía, en estos casos, penas muy duras por abuso de autoridad, robo (de lo ya robado) y otros más. Era muy duro con los funcionarios públicos, como los agentes encargados de aplicar la ley, para los que preveía las penas máximas de los delitos en que incurrieran, encubrieran o fueran cómplices, e incluso la inhabilitación de los que se nieguen a enjuiciarlos y juzgarlos. Lo mismo el código civil que define el usufructo y establece las obligaciones y la ley de tránsito de vehículos que es muy clara en cuanto a alterar las matrículas y los números de los chasis. Tela por donde cortar hay mucha.

De acuerdo con los viejos procedimientos los fiscales pueden actuar por el rumor público, pero esto no ha sido rumor, sino escándalo que se escuchó hasta en la China, como publicó el Diario del Pueblo, de Pekín. Al fin en esto se dio un primer paso entregando un expediente a la Fiscalía del Distrito Nacional. En una medida absurda y contraviniendo una disposición de la Constitución y las leyes se ha ocultado la lista de los que usaban estos vehículos. ¿Por qué? ¿La simple posición de un objeto robado hace al poseedor reo de complicidad?

En principio se había dicho que se esperaría que las aseguradoras o los dueños se quejaran. Eso hubiera sido un error. Esa pasividad siempre se critica a la «autoridad de turno», cuando se está en la oposición. ¿Más de lo mismo?

En este segundo ejemplo, tampoco falló la ley, sino el ejecutor.

Los códigos, por tanto, por sí solos no son garantía de nada. En las naciones con los códigos y las instituciones más avanzados y sólidas del mundo hemos visto cómo se han cometido y se cometen, en nombre de la ley y la justicia, las atrocidades más grandes. Por suerte allí no es la norma.

Por tanto, no es el código con palabras más o palabras menos, lo importante es la gente que lo aplicará. Además, estos casos, como muchos otros todavía frescos en la mente del público, son el indicio de que falta mucho para que las cosas en ese sentido cambien, como bien ha advertido Subero Isa.

Tenemos un camino largo y en ocasiones pienso que tenemos procesos en marcha que son muy grandes para los tribunales dominicanos. Quisiera equivocarme.

Aquí quedo, «lcqd» (como decíamos en geometría en el bachillerato, »lo cual queda demostrado»).

No es el código, es la gente.