No es el FMI, son los que dirigen el país

No es el FMI, son los que dirigen el país

ROSARIO ESPINAL
Por fin el país arribó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.  Como lo ha detallado la prensa en los últimos meses, el Acuerdo Stand-by le permite a la República Dominicana obtener dinero del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, así como renegociar la deuda con los países del Club de París y los tenedores de bonos.

A cambio de eso, la República Dominicana se comprometió a buscar recursos internos por medio del ahorro e impuestos para cumplir metódicamente con los pagos de la deuda.  Con este propósito se realizó recientemente una reforma impositiva que le permite al gobierno recaudar más para pagar con puntualidad.

Aunque la terminología del acuerdo con el FMI suene complicada, y sean grandes las cantidades de dinero que el país pagará, renegociará o recibirá, el arreglo es claro y sencillo: hay que pagar las deudas externas en los plazos establecidos para sanear las finanzas nacionales y acceder a más créditos internacionales.

Por muchos años este tipo de acuerdos ha motivado quejas, resistencias y protestas en muchos países, mostrándose al FMI como una institución voraz e insensible ante los pobres, destinada exclusivamente a proteger los países ricos.

La queja es justificada.  Es cierto que una de las principales funciones del FMI es asegurar que los países pobres cumplan con sus obligaciones de pago para evitar distorsiones severas en el capitalismo.  En las últimas décadas, el panorama internacional se ha tornado aún más complejo, porque después de la creación del FMI en 1945, se ha producido una gran expansión capitalista, a tal punto que la membresía a ese organismo aumentó de 29 a 184 países.

De éstos, la mayoría son países pobres con tendencia a endeudarse más allá de su capacidad de pago, razón por la cual, el FMI funge como policía del sistema financiero internacional, encauzando los ciclos recurrentes de compra y pago de deuda que drenan recursos de los países pobres a los ricos.  Porque hay que recordar que los préstamos no son gratis.

Para ilustrar este punto, cuando el Gobierno Dominicano dice que el 40% de los recursos del Presupuesto Nacional de este año se destinará al pago de la deuda, se evidencia la magnitud de la transferencia de divisas que hará el país para pagar los préstamos.

Sin embargo, culpar sólo al FMI o a los países ricos de esta situación representa una visión parcial del problema, que aunque sirve para expresar descontento y un seudo-nacionalismo, no aporta ingredientes para la acción local. Porque de hecho, la cuestión fundamental que debe solucionar la República Dominicana es la irresponsabilidad de sus gobiernos que endeudan el país alegremente.

Por ejemplo, las dificultades económicas de los últimos tiempos provienen de una política irresponsable de endeudamiento externo e interno que se ejecutó entre el 2001 y el 2003, sobre todo, con la emisión de bonos soberanos y el manejo a espaldas de la ley de la crisis bancaria.

Enfatizar este punto es importante no sólo para pedir que se haga justicia, sino también para motivar la gestación de estrategias de mayor participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas económicas, y no sucumbir ante los abusos de gobiernos irresponsables y empresarios inescrupulosos.

Porque un país como República Dominicana, con una infraestructura económica débil, sin una base industrial sólida ni capacidad tecnológica, no puede darse el lujo de endeudarse indiscriminadamente, aunque así lo aconsejen economistas, prestamistas o calificadores de riesgo.

Esto es fácil de decir y difícil de ejecutar, pero hay que repetirlo hasta la saciedad para intentar contener la tendencia al endeudamiento que aflige a los gobiernos dominicanos.

Que quede claro, la prudencia en el endeudamiento es una condición necesaria para que la República Dominicana pueda salir del círculo vicioso de crisis y ajustes económicos que opera a escalas cada vez peores.

En los últimos 25 años, el país ha sufrido tres de estas crisis con sus respectivos acuerdos de ajuste con el FMI: en 1983-84, 1989-90, y el 2003-04.

Cada ajuste ha traído, es cierto, una mejoría temporal de la macroeconomía, pero también restricciones al consumo debido a mayores impuestos o reducción de subsidios públicos.  Peor aún, después de cada crisis, generada o agravada por políticas económicas imprudentes, no se han sancionado las autoridades responsables.

Con esta práctica de impunidad, cada nuevo gobierno, tan pronto puede, se desliga de los ajustes, empieza a gastar dinero irresponsablemente, y da inicio a una nueva ola de endeudamiento y empobrecimiento.

Por eso, aunque el acuerdo actual con el FMI contempla regulaciones para mejorar el sistema financiero y su fiscalización, es importante establecer un precedente judicial sancionando a los culpables del sector público y privado de haber provocado la crisis económica del 2003-2004 que barrió con el poder adquisitivo de la sociedad dominicana.

rosares@hotmail.com

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