Una discusión sobre la aplicación de la ley 44-00 causó un gran revuelo en la sociedad dominicana. La postergación de la aplicación desde su promulgación, probablemente por faltas de comunicación entre la Iglesia Católica y las Iglesias Evangélicas.
La citada ley busca “forjar criterios y voluntades” cristianos que frenen “influencias y modelos de conducta que llevan a la perversión y libertinaje” al tiempo que pretende “una transformación espiritual” que aleje a la juventud del “desorden conductual y de la delincuencia”.
Vale recordar que la ley tiene 18 años de existencia. Y que todos los partidos políticos la aprobaron. También que la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica (CODUE) son señalados como los llamados a proponer, instruir e impartir el temario correspondiente.
Uno se pregunta de qué va tanto alboroto de los defensores de la obligatoriedad del texto bíblico cuando la no implementación probablemente nace de que ya existen materias de religión en las escuelas con contenido cristiano (suponemos que fundamentados en la Biblia) y de que por más que se pregone el ecumenismo hay temas, como si son las acciones o la fe o si las lecturas bíblicas son de interpretación libre o literales (determinadas por autoridad eclesial), que no están resueltos y dilatan la cooperación de dos (o más) visiones del cristianismo de cómo deben leerse la Biblia, que sin dudas es de mucha importancia en nuestra cultura.
Eso sin mencionar que los religiosos que deben instruir en la materia probablemente tendrían que participar de remuneraciones por sus servicios de pedagogía religiosa y el ecumenismo no ha llegado tan lejos como para compartir las remuneraciones materiales que se derivan del concordato.
El debate sobre la instrucción bíblica en las escuelas surgió luego que la diputada del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Besaida Mercedes Abreu, sometiera un proyecto de resolución que plantea exigir al Ministerio de Educación el cumplimiento de la legislación. Y la respuesta de otra diputada -Faride Raful- alegando que su implementación es “inconstitucional”. ¿Habrá una y otra hecho su tarea? Una, documentándose de si hay total ausencia de instrucción religiosa, y la otra revisando si el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional alguno de los artículos. Es decir, esto es un espectáculo. Nada que ver con educar ni con defender un Estado laico, con el que estoy de acuerdo, ni por preocupaciones cristianas.
En la Civitate Dei (Ciudad de Dios) de san Agustín contra la ciudad pagana, dos ciudades se confunden en la cotidianidad terrenal, hasta que el juicio final resuelva su eterna separación, con el triunfo de la divinidad. San Agustín, establece la separación de los temas espirituales de los terrenales, no es una propuesta política, quizá porque entendió muy bien la cita evangélica de las palabras de Jesús: Mi reino no es de este mundo. Eso era san Agustín…aquí tenemos una discusión política de muy bajo nivel. En mi opinión, si leen, profesores, estudiantes, diputados y religiosos, ya es ganancia…aunque sea sólo lean la Biblia.