POR MARIO MENDEZ
No es la primera vez que se revela que la Refinería Dominicana de Petróleo, gerenciada por la Shell, acumula deudas con el fisco, trascendió ayer. De acuerdo a lo informado, en el año 1996 la Contraloría General de la República ordenó investigar las operaciones de la Refinería, y se determinó que esa empresa tenía una deuda pendiente de conciliar con el fisco de más de 300 millones de pesos.

Se recordó que el Contralor de la República de entonces, Víctor Grimaldi, reveló el 12 de julio del 1996 que «debe ser aclarada en su momento la versión de que la Shell y la Refinería de Petróleo han dejado de entregar al Estado Dominicano una suma que supera los 300 millones de pesos».

Se explicó que más tarde, en el gobierno del doctor Leonel Fernández, el propio administrador de la Refinería Dominicana de Petróleo, ingeniero Radhamés Segura, reveló en declaraciones publicadas por el periódico Hoy el 14 de diciembre del 1996, que la Refinería Dominicana de Petróleo había dejado de pagar cientos de millones de pesos al fisco por concepto del impuesto sobre la renta.

La sección económica del periódico Hoy había informado la semana pasada que el gobierno había sido conminado a la Shell a pagar al fisco unos 237 millones, pero en un comunicado de la Refinería Dominicana de Petróleo se indicó que «la empresa mantiene utilidades retenidas, no dividendos, ya que los accionistas vía sus Consejos de Administración pasados y presentes, no han acordado su distribución».

Según la Refinería, el monto de las utilidades retenidas correspondientes a varios años de operaciones anteriores al 1995, asciende a 227 millones de pesos.

Otra denuncia que se ha hecho de manera reiterada en los últimos años es la violación del contrato de operación, por parte del socio privado de la Refinería, la Shell, se explicó.

También se informó que aunque varios gobiernos han intentado renegociar ese contrato, «el resultado ha sido frustratorio».

Se recordó que en el año 1991 el gobierno del Presidente Balaguer formó una comisión para renegociar el contrato con la Shell, pero que aunque durante todo el cuatrenio gubernamental y los dos años siguientes del doctor Balaguer se crearon expectativas en la población de que la renegociación se haría para favorecer el interés del país, al final se llegó a nada.

En el año 1992 se reveló que la Oficina de Abogados Jottin Cury, que asesoraba la comisión del gobierno que renegociaba el contrato con la Shell, recomendó la rescisión del mismo.

El secretario técnico de la Presidencia de entonces, José Carlos Isaías, al desmentir una información publicada por el Listín Diario en la que se decía que la comisión había desestimado esa propuesta, expresó: «Lo que yo tengo entendido es que no se ha tomado ninguna decisión al respecto y creo que las opciones están abiertas, porque en unas negociaciones todas las opciones están abiertas».

Estas expresiones son reveladoras de que el tema comenzó muy caliente, pero según reconoció en mayo del 1993 el secretario técnico de la Presidencia de entonces, Miguel Sang Ben: «…esto ha tomado otras velocidades; no hay prisas de ninguna de las partes».

Se indicó que este cambio de velocidad explica que terminaran los últimos dos períodos de gobierno del doctor Balaguer: el de 1990-94 y el de 1994-96, sin que se hiciera nada para modificar el contrato con la Shell.

Luego vino el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, quien creó una comisión a través del decreto 410-96, para negociar con la Shell la modificación de los estatutos de la Refinería Dominicana de Petróleo.

Según se explicó, «esta vez parecía que las negociaciones se iban a llevar hasta sus últimas consecuencias, ya que el presidente de la Refinería, ingeniero Radhamés Segura, declaró el 14 de diciembre del 1996 que «el país tiene que despertar y tomar medidas para corregir la situación de la Shell Petroleum Company, que además de disfrutar de un tratamiento de exoneraciones de todas clases y de una tasa cambio preferencial, ha dejado de pagar cientos de millones de pesos al fisco por concepto de impuestos sobre la renta».

En ese entonces, el presidente de la Refinería también dijo que «un gobierno que esté enmarcado en el criterio de transparencia y de libre mercado, no puede seguir operando con un negocio de esa naturaleza, donde haya un socio que aplique una especie de monopolio y tenga tantos poderes y todas esas ventajas».

Además, se explicó la propuesta presentada en esa ocasión por comisión designada por el presidente Leonel Fernández para negociar con la Shell, advertía que la Refinería no había cumplido con lo establecido en el contrato que rige sus operaciones en cuanto a que su planta fuera ampliada y modernizada para que cubriera siempre la demanda del mercado dominicano.

Se agregó que el contrato está siendo violado porque fue hecho para refinar, no para importar combustibles, pero que de los 140 mil barriles que consume el país, sólo se se refinan unos 32 mil barriles.

Se explicó que «la situación sigue igual, a pesar de que el representante de la Shell Pablo Cabral dijo en noviembre del 1996 que las negociaciones con el gobierno se desarrollaban en forma «armoniosa» y que continuarían hasta llegar a un acuerdo, y de que el presidente de la Refinería para entonces, Radhamés Segura, afirmaba esas negociaciones marchaban «por buenos caminos».