POR GERMAN MARTE
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que a pesar de haber sido aprobada hace tres años, aún en el país no está garantizada la aplicación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, debido a las serias limitaciones en las instituciones públicas en cuanto a su nivel de oferta operacional instalada.

“En la mayor parte de los casos la oferta de información es aún precaria”, subrayó Servio Tulio Castaños Guzmán al exponer en un panel sobre “Ley de Acceso a la Información: Balance y Análisis”, organizado por Participación Ciudadana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Instituto Nacional de la Administración Pública, y el Consejo Nacional de Reforma del Estado.

La aprobación de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (LGLAIP) colocó al país en un lugar de vanguardia en América Latina, expuso Castaños Guzmán, “pero en este punto del proceso, el principal reto que enfrentamos consiste en propiciar un amplio conocimiento y uso de este instrumento entre toda la ciudadanía para que nos erijamos en verdaderos auditores de las ejecutorias del Estado”.

Reiteró que en las instituciones gubernamentales hay serias dificultades para recibir, procesar, tramitar y ofrecer respuestas a la demanda de información, y esto –a su vez- inhibe la demanda social de información.

Asimismo, señaló que son débiles las campañas de capacitación, promoción y acción para desarrollar la demanda de información.

Manifestó Castaños Guzmán que “el secretismo es una muestra más de una superioridad que contra todo principio democrático asume la administración burocrática frente a los administrados”.

Dijo que los principios que fundan la democracia son incompatibles con la idea de un Estado que no da cuenta de lo que hace, y acotó que la información es poder en manos de la ciudadanía.

“Solo cuando los ciudadanos están al tanto de lo que ocurre en las instituciones estatales podrán desempeñar un papel activo en la elaboración de políticas públicas que satisfagan sus intereses y necesidades”, expresó.

Añadió que solo con información podrán los ciudadanos ejercer la vigilancia de sus representantes, en el ejercicio de una ciudadanía activa como lo exige la democracia contemporánea.

El vocero de Finjus deploró las débiles campañas de capacitación, promoción y acción para desarrollar la demanda de información de manera vinculante con la oferta de información pública.

Consideró que el vacío de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, en cuanto a la inexistencia jurídica y las funciones de un organismo rector, encargado de regular, supervisar y asistir técnicamente a las instituciones públicas en el ámbito de la instalación de las Oficinas de Acceso a la Información, se manifiesta en la debilidad de las iniciativas y la escasez de recursos.

 Aseguró que estos recursos son para acciones claves que deberían dar coherencia a la capacitación de recursos humanos especializados en la oferta de información y la publicidad y promoción del ejercicio del derecho a la información pública en la sociedad civil.

En su opinión, potenciar rápidamente ambos lados del acceso a la información  requeriría de acciones coordinadas  entre el organismo rector, las instituciones públicas y las organizaciones que activarían usos efectivos de la información pública.