Cerca de la totalidad de los productos y artículos contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana conocido por sus siglas en inglés DR-CAFTA, estarán liberados del pago de tributos al ingresar por las aduanas dominicanas.

Esto significa que bienes producidos con materia prima y otros commodities mucho más baratos, adquiridos en los países que compiten con nosotros en el referido tratado comercial, entrarán a nuestro territorio en condiciones competitivas superiores a las que exhibe nuestro sector productivo.

Mientras los países centroamericanos ya han superado las dificultades eléctricas propias de décadas anteriores, alcanzando precios para el kilovatio hora muy por debajo del que debe pagar la industria y el comercio dominicanos, esta situación, unida a otras, aún nos coloca en una posición desventajosa respecto a nuestro competidores comerciales.

Del mismo modo, con este estado de cosas queda evidenciado que nuestro sector empresarial ha sido incapaz de avanzar a la misma velocidad que han avanzado los sectores empresariales de los demás países que integran el DR-CAFTA. De ahí, que ante cada necesidad de emprendurismo o iniciativa empresarial, vemos la necesaria injerencia del Estado como energía motriz para el desarrollo económico del país. Esto, agravado por la cantidad de exenciones impositivas que año tras año exige el sector empresarial y que para este año superará los 180 mil millones de pesos.

Desafortunadamente y mientras persistan las limitaciones productivas de nuestra economía, República Dominicana seguirá siendo la socia pobre del DR-CAFTA, hecho evidenciado por nuestra pobre participación en el referido tratado comercial y en la balanza comercial del país con los demás miembros del TLC.

Como país necesitamos la participación más activa de nuestros sectores productivos y desvincular paulatinamente al sector empresarial de la parasitaria ayuda que hasta ahora recibe del presupuesto nacional.