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WASHINGTON (EFE).- Con el traspaso de poder en Irak, Estados Unidos logró ayer su objetivo de colocar un rostro iraquí al frente del país, pero está por verse hasta qué punto dejará al Gobierno interino actuar con independencia.
«El Gobierno de Irak tiene la autoridad sobre lo que pasa en ese país y sobre sus relaciones con el resto del mundo», anunció un portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli, en Washington.
Ereli describió la entrega de poder como un «momento histórico», pero a pesar de estas declaraciones no están claros los límites del poder que tiene el nuevo Gobierno.
Los republicanos ya han expresado su preocupación porque el primer ministro, Iyad Alaui, y su gabinete tendrán demasiada influencia en los asuntos militares del país.
Es importante «que no haya comandantes militares estadounidenses que crean que están obligados a hacer ciertas cosas porque los iraquíes piden que se hagan», ha dicho el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, Duncan Hunter.
Los 138.000 efectivos estadounidenses actualmente en ese país seguirán estando a cargo de la seguridad, pero sus oficiales han prometido cooperar con el nuevo Gobierno en este ámbito, según el acuerdo para la transferencia de poder.
A efectos prácticos, esto impedirá operaciones unilaterales que puedan ser vistas como pruebas de que la ocupación continúa, según Lawrence Korb, ex secretario adjunto de Defensa de EEUU.
A su juicio, no se producirán de nuevo acciones como el ataque contra Faluya por los marines de abril pasado, que provocó decenas de muertes civiles y no consiguió pacificar la ciudad suní.
En los últimos meses, mientras los ataques de los insurgentes se incrementaban, EEUU ha insistido a capa y espada en que respetaría la fecha para el traspaso de la soberanía y que ésta sería «total».
Sin embargo, Washington nunca ha aclarado qué haría si el nuevo Gobierno le pidiese que retirase las tropas, una pregunta hecha frecuentemente a las autoridades de Washington.
Por ahora esa situación parece que no llegará. Aún así, la prueba de dónde reside la soberanía será si Alaui consigue o no tomar decisiones de menor envergadura que no agraden a los estadounidenses.
En primer término, el primer ministro iraquí tendrá que lidiar con los más de cien edictos emitidos por la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA), que dejó de existir oficialmente hoy con la transferencia del poder.
Estas normas van de la disolución del partido Baas, que estaba liderado por Sadam Husein, al control de las fronteras, y también regulan otros asuntos de menor urgencia, como los derechos intelectuales y la tasa máxima de impuestos.
Alaui ya ha criticado algunas de las decisiones de la CPA, como el desmantelamiento de las fuerzas armadas iraquíes, y es posible que consiga revocar algunas de ellas y hacer caso omiso a otras, según los expertos.
Otro interrogante es quién y cómo se gestionarán los fondos del petróleo, que proporcionan el 95 por ciento de los ingresos del país, sin contar donaciones.
Es «un dinero del que no se sabe nada, sobre cuyo uso no hay auditorías y que está sujeto a toda clase de especulaciones», según Gayle Smith, una experta del Centro para el Progreso Estadounidense.
La agencia de EEUU encargada del primer tira y afloja real con las autoridades iraquíes que cuentan con poder ya no será el Pentágono, como hasta ahora, sino el Departamento de Estado.
«El Departamento de Estado está tomando la dirección ahora», anunció hoy el vicesecretario de Estado, Richard Armitage, en una entrevista con la Radio Pública Nacional de EEUU.
«Seremos la voz dominante» del Gobierno de EEUU, remarcó.
Como corresponde a la entidad diplomática del país, el Departamento de Estado se ha mostrado mucho más inclinado a colaborar con la ONU y con otros países desde antes de la invasión a Irak.
Estas son buenas noticias para Alaui, que cuenta desde hoy con un poder real pero incierto sobre un país con calles ya no ocupadas legalmente, pero que seguirán siendo patrulladas por miles de soldados extranjeros sobre los que tiene escaso control.
