La Asociación de Industrias de la República (AIRD) planteó ayer ante la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, que se eliminen las exenciones fiscales contenidas en la ley 28-01, porque crean una competencia desleal contra las  empresas localizadas fuera de las zonas fronterizas.

«Aunque entendemos la necesidad de desarrollar las zonas fronterizas, las actuales exenciones fiscales contenidas en la ley 28-01, crean una competencia desleal para las demás empresas localizadas en el resto de las regiones del país», señala la AIRD, en una carta entregada ayer a la citada comisión.

La AIRD añade que apoya la derogación de las exenciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y el Impuesto Selectivo al Consumo, con respecto a las empresas amparadas en la  Ley 28-01.

Resalta también que su principal preocupación sobre el proyecto de reforma fiscal, es que está «no procure un nivel de competitividad adecuado, justamente cuando el sector industrial requiere de enormes esfuerzos para garantizar su inserción a una economía cada vez mas abierta y globalizada».

En ese ámbito plantea también que la reforma debe garantizar el desmonte a partir del 2005, de los aranceles  a maquinarias, equipos y materias primas.

En referencia a la reforma fiscal, dice que «ya tenemos acuerdos firmados con Mercado Común del Caribe (CARICOM) y Centro América y estamos en víspera de la firma» del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, que estima la nación más poderosa del mundo.

La falta de competitividad del sector industrial dominicano – añade – está claramente evidenciado con el deterioro de la balanza comercial con cada uno de los países con que en la actualidad existe tratado de libre comercio.

 «Es imperante que la República Dominicana permita colocar  a sus productores en condiciones de competir de igual a igual con los productores de los países con los cuales nos hemos abierto al libre comercio», añade.

Considera que la reforma debe establecer objetivos tales como crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), sostenibilidad fiscal, aumento de las exportaciones y de las recaudaciones, así como reducción de los niveles de informalidad empresarial.

En el marco de la reforma fiscal, según la AIRD, debe fomentarse la modernización de la administración tributaria, reducción de la evasión de impuestos, promoción de la equidad tributaria, eficiencia del gasto público y la mejora de la calidad del mismo.

«En este tenor, entendemos que algunos de los artículos presentados en la propuesta de reforma fiscal, buscan la reducción de la evasión, lo cual aplaudimos, sin embargo apoyamos que los mismos sean estudiados detenidamente para evitar entrar en contradicción con el ordenamiento jurídico o que su redacción sea sujeta a interpretación», expresa.

Sugiere una reforma fiscal integral que establezca los  mandatos necesarios con fechas limites que garantice la implementación un “Sistema Integrado de Gestión Financiera del Estado”, que busque mayor eficiencia en los sistemas de contabilidad pública, auditorias y control interno.

Igualmente, agrega, debe garantizar la implementación de sistemas de información integrados y estandarizados, la simplificación de la estructura administrativa y la reorganización de la administración pública, para evitar las duplicidades de funciones y los dispendios, asegurando niveles adecuados de coordinación institucional.

Refiere que la deuda total del gobierno en la actualidad, supera el 50% del PIB, lo cual esta muy por encima del promedio latinoamericano.

«Entendemos que deben establecerse unos limites de endeudamiento publico, tanto local como internacional y establecerse metas de reducción de la misma hacia niveles saludables que ronden los estándares internacionales», agrega.

 Considera que el país requiere aumentar sus niveles de competitividad y productividad, por lo que se convierte en prioridad que la reforma fiscal integral le dé un espaldarazo al Plan Decenal de Educación que prevé un incremento sustancial anual en la participación del Presupuesto Nacional, hasta llevarlo a las metas establecidas de un 8% del PIB en 10 años.

Agrega que en la actualidad “estamos apenas en 2.3%, el porcentaje más bajo de toda América Latina, excepto Guatemala”.

Añade que otro espaldarazo lo merece la Justicia, “pues sin esta no garantizaremos la institucionalidad requerida para el desarrollo”.

Considera que la reforma debe prever un ajuste al valor del impuesto fijo a los Hidrocarburos, tal cómo señala la ley 112-00, ya que el mismo no fue aplicado correctamente.