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Montevideo, (EFE).- El presidente del Supremo Tribunal Militar de Uruguay, el general Julio Halty, afirmó hoy a Efe que no existen pruebas de que los cinco marinos uruguayos de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) acusados de abusos sexuales a un joven haitiano le violaran. Según las investigaciones realizadas por la ONU y por la Armada y el Ministerio de Defensa uruguayos, que están en manos de la justicia militar, «no se puede inferir que hubiera violación», indicó Halty.
El general indicó que no le corresponde a los jueces militares juzgar esa clase de delitos, pero aclaró también que «si se hubiera encontrado algo que flagrantemente confirmara la supuesta violación, inmediatamente se hubiese avisado a la justicia ordinaria». Halty explicó también que los cinco marinos acusados se encuentran recluidos en dos centros distintos en Montevideo, uno de la Prefectura Naval y otro de la unidad de Fusileros Navales. Los inculpados llegaron al país el viernes tras recibir la autorización de la ONU para su repatriación y el domingo por la noche fueron enviados a prisión para ser procesados. También ha sido puesto a disposición de un juez el oficial responsable de la guardia en la base donde tuvo lugar el incidente, aunque bajo otras condiciones. Esa persona no ha sido detenida y solamente se encuentra en calidad de «emplazado» para prestar las declaraciones pertinentes ante la justicia, mientras se investiga si tuvo alguna responsabilidad, puntualizó Halty. El proceso contra los cinco marinos se encuentra en fase de instrucción.
Cuando finalice un juez de instancia dictará sentencia. Las penas van desde los cuatro meses a los cinco años de cárcel por los delitos que se les imputan- desobediencia, omisiones al servicio y desafuero de la vigilancia militar. La defensa puede apelar al Supremo Tribunal Militar y si fracasa esa estrategia, puede presentar un recurso de casación a la Suprema Corte de Justicia.
La condena puede ser mayor en la justicia civil, donde los involucrados deberán también hacer frente a una denuncia penal presentada por el Gobierno.
El Código Penal civil uruguayo impone penas de dos a doce años por el delito de violación, mientras que el delito de atentado violento al pudor es castigado con la misma pena, pero reducida de un tercio a la mitad. Según la nueva Ley Marco de Defensa Nacional, aprobada el año pasado, los militares pueden ser juzgados por el fuero civil si cometen delitos civiles.
Los abusos de los que se acusa a los marinos sucedieron a finales de julio en la localidad de Port Salut (sur de Haití) y fueron difundidos por internet en un vídeo grabado con teléfono celular. Las imágenes muestran a cuatro de los cinco involucrados (el quinto es que las tomó) burlándose de un joven al que mantienen tumbado boca abajo, mientras uno de ellos se coloca detrás de él con el torso desnudo.
Un informe de la ONG Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (RNDDH) de Haití denunció que la víctima fue sodomizada dos veces. La agresión motivó la condena del presidente haitiano, Michel Martelly y las disculpas públicas de su homólogo de Uruguay, José Mujica. La Minustah propuso el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU reducir en unos 2.750 los casi 12.000 efectivos del contingente desplazado al país caribeño. Brasil, con 1.280 militares, y Uruguay, con 1.136, son los países con mayor participación. EFE
