POR CLAUDIO CABRERA
Si algo demuestra que ningún país puede desarrollarse sin la adecuada supervisión bancaria y extendida a todo el sistema financiero, lo constituye la última crisis por la que atravesó la República Dominicana y cuyos efectos aún se sienten en la economía.

Al medir los efectos negativos de esta crisis, el superintendente de Bancos, Rafael Camilo, destaca que a partir de las quiebras bancarias que se han suscitado en el país, sobre todo a partir de la última que significó alrededor del 20% del Producto Bruto Interno nacional, los organismos internacionales y las instituciones responsables del sistema financiero consideraron inaplazable la consolidación de la supervisión bancaria.

“Esta consolidación debe efectuarse, tanto en términos institucionales como en términos de la aplicación de nuevas normas que definan parámetros internacionales aplicados a nuestra realidad”.

Para Camilo, no hay un país que se pueda desarrollar si no cuenta con un sistema financiero sólido y solvente que pueda supervisar el desarrollo, “pues para que sea solvente tiene que ser bien supervisado”.  

Son sus últimas reflexiones extraídas como resultado de los esfuerzos que actualmente se realizan desde el gobierno, para apuntalar la supervisión bancaria y asegurar más los fondos de los ahorrantes de dominicanos confiados en depósitos a entidades financieras intermediarias y evitar que sean mal usados o robados, como ha sucedido en otras épocas y en varios países.

Entiende que la Superintendencia de Bancos bajo la actual administración procura dar un vuelco a esta situación, para lo cual recaba el apoyo de los legisladores con el fin de que sean aprobados sendos préstamos por US$17 millones, con el objetivo de continuar el proceso de consolidación, modernización e institucionalización del organismo llamado a velar por la inspección en el sistema financiero.

Estos fondos negociados con el Banco Mundial por un monto que asciende a US$12.5 millones y US$6.6 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), corresponden a sendos financiamientos estipulados para apoyar el proceso de reforma al sistema de supervisión bancaria y para dar soporte técnico a la Superintendencia de Bancos, mediante la adquisición de equipos de informática que permitan dar seguimiento a las operaciones bancarias de todo el sistema financiero, así como para contribuir a la capacitación del personal técnico que labora en esa institución gubernamental.

EL PLAN ESTRATÉGICO

Conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido diseñado un “Plan Estratégico de Fortalecimiento Institucional para la Superintendencia de Bancos” en tres órdenes.

Según lo expresa dicho proyecto, que será sometido en breve al Congreso, “el objetivo de mayor nivel del Programa de Ayuda Técnica al Sector Financiero (PATSF) es reducir las probabilidades de crisis futuras en el sector financiero y mitigar el impacto negativo de la crisis en los niveles de pobreza y distribución del ingreso”.

Bajo estas consideraciones, en primer lugar se ha empezado a desplegar un programa de capacitación de los recursos humanos, lo cual incluirá mejoras al sistema legal del sector financiero dominicano.

Con miras a este propósito, la propia entidad ha diseñado y puesto en operación uno denominado “Programa de Jóvenes Profesionales”, para lo cual se inició un concurso de selección que arrancó con la capacitación de los seleccionados.

A esto se añade la contratación de personal de alto nivel técnico de otros países a nivel internacional, lo cual permitirá que los jóvenes profesionales acudan a efectuar pasantías a otros países, con el objeto de que los técnicos de la Superintendencia de Bancos se entrenen.

Actualmente, se imparten dentro de este orden, tres cursos para capacitar al personal, entre los que destacan uno de Fundamentos Econométricos para la Supervisión, otro de Entrenamiento de Supervisión Consolidada y un tercero de Definición del Modelo de Supervisión que se habrá de adoptar en lo adelante. Todos cuentan con la asistencia de técnicos internacionales.

Para el nivel de fortalecimiento institucional y para los demás niveles que tienen que ver con el nuevo programa de informática, relativo a la adquisición de equipos, la definición del “software” o programa aplicable, para el soporte técnico y demás, es imprescindible contar con los fondos del BID y del Banco Mundial para asegurar su efectividad.

Respeto al préstamo del BID, se indica en el proyecto que “tiene por objeto apoyar a las autoridades nacionales en el desarrollo e implantación de la nueva Ley Monetaria y Financiera”.

“Eso es lo que estamos buscando con estos dos préstamos, para que nos apoye el BID y el Banco Mundial, aunque hay otro aspecto y constituye la segunda parte, que tiene que ver con la redacción y puesta en ejecución de todos los reglamentos de la Ley Monetaria y Financiera”.

En este orden, el licenciado Jaime Ortega Tous, director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Superintendencia de Bancos, sostiene que el propósito es complementar la Ley 183-02, puesto que esta es una ley marco.

El desarrollo de esta ley debe expresarse en ciertas reglamentaciones que forman parte, incluso, de los acuerdos contenidos en el programa con el FMI.

Ortega Tous sostiene que otra parte importante lo es el desarrollo del área informática de la Superintendencia de Bancos, cuyo soporte técnico se mostró débil a propósito de la anterior crisis bancaria.

Los dos tienen un horizonte de dos años a partir de su aprobación, con la debida contrapartida local, según expresa el funcionario.

Ambos préstamos implican a otras instituciones del sector financiero gubernamental, tales como la Secretaría de Finanzas, al Banco Central, a la Superintendencia de Valores y a la Superintendencia de Seguros.

En cada una de estas instituciones se ha instalado una unidad técnica para facilitar el desarrollo del programa institucional integrado, según el funcionario.

Para la puesta en vigor de este proyecto, se han asimilado las experiencias previas por las que pasaron otras naciones de la región, en donde se verificaron ya crisis bancarias importantes, lo cual explica la participación de los organismos internacionales.

“En el caso de la crisis bancaria en el país -añade-, sabemos que se trató, en parte, de un manejo inadecuado y tradicional, lo que resultó en un fraude que contenía un artilugio informático”.

Se trata de un componente nuevo dentro de la supervisión bancaria, que implica disponer de auditorías informáticas a tiempo con la disponibilidad de los datos.

Por eso debe haber la capacidad técnica de respuesta y solución a problemas, una vez se detecte cualquier anomalía en una institución del sistema. Para ambos niveles de decisiones se precisan muchos recursos, por lo cual se ha recabado el apoyo de los legisladores, a fin de que los proyectos de financiamiento contribuyan a dar soporte a un programa cuya aplicación resulta inapelable para que el país pueda avanzar en materia financiera, tanto a lo interior de sus operaciones en el país, como tomando en cuenta que la nación se aboca a un proceso de vinculación a esquemas de libre comercio.

UNA TRANSICIÓN DE NORMAS

Camilo sostiene que el proceso de reformas que se efectúa en la institución consiste en “pasar de normas locales para la supervisión de la banca, a normas internacionales”. Tenemos que contratar, por lo tanto, a nuestros consultores internacionales y a empresas extranjeras, para la formulación de esos reglamentos de la Ley Monetaria y Financiera, dijo.

“Estamos ya en ese proceso, lo único que no tenemos recursos suficientes para pagar una empresa internacional que venga a evaluar un plan de negocios de los bancos, y que los bancos les den 300,000 a 400 mil dólares, sin que nosotros podamos hacer nuestra parte”.

Desde el punto de vista institucional, dijo que quieren la mayor consolidación institucional de la Superintendencia y que ya ebe estar al mayor nivel de los más altos estándares internacionales en esta área de supervisión financiera.

“Esto implica que pueda, sin problemas, decirse que la República Dominicana está ajustada a los parámetros mundiales y de los estándares de lo que señala el Comité de Basilea, que dicta las normas de la supervisión a nivel internacional”.

Por ello hay que convenir que “la crisis financiera de la quiebra de los tres bancos hace tres años, fue tan profunda que erosionó poderosamente el PBI y por tando produjo una discontinuidad en el crecimiento, dificultando que el país aún pueda recuperarse.