No hay derecho

No hay derecho

Ocurrió lo que siempre ha ocurrido. La ciudadanía en capacidad de ejercer el sufragio, el día de las elecciones, ofrece claras muestras de civismo, con un comportamiento ejemplar a la hora de depositar su voto.

Soporta, estoicamente, agua y sol. Ha tenido paciencia de permanecer horas y horas a la espera de la ocasión de votar, como ocurrió cuando existan los llamados “colegios cerrados”.

La abstención electoral ha podido ser alta o baja, pero el ejercicio del sufragio siempre se ha hecho en orden.

Hasta en los días difíciles de la campaña de 1966, con un país invadido por tropas extranjeras, incluyendo las de la primera potencia mundial.

Los dominicanos, en ese sentido, se ganan la admiración de todos cuantos observan el proceso, especialmente de los denominados observadores extranjeros, incluyendo a los de los organismos internacionales como a OEA y la ONU.

Los problemas electorales dominicanos, los serios, comienzan después que se cierran los colegios electorales.

Ahí se inician las maniobras, cuando aparecen quienes aspiran ganar en las juntas electorales y poco o nada les importa el voto depositado por la ciudadanía,.

Les importa, eso sí, la defensa de sus intereses, de los intereses de su partido.

Son muchos esos intereses en juego, especialmente los económicos.

No son dos ni tres los centenares de miles de pesos que perciben senadores y diputados en un período constitucional. Están, asimismo, los privilegios que conceden los títulos de legislador, síndico y hasta regidor. Muchos de esos privilegios se traducen en beneficios económicos y preeminencia social.

Por esos motivos, hay quienes se juegan hasta la vida a la hora de defender una posición que creen que podrán retener en base a artimañas, a maniobras sucias, si es que el elector los ha castigado con su voto en contra.

La ley electoral dominicana puede que tenga muchos defectos. Pero esa ley contempla claros mecanismos para recurrir fallos de las juntas municipales o de la central.

El partido que se sienta afectado por un fallo cualquiera, tiene el legítimo derecho de una impugnación, impugnación que se obliga a conocer la corte electoral correspondiente.

A lo que no tiene derecho partido alguno, ni candidato alguno, ni dirigente político alguno, es a crear un clima de tensión que afecte el libre desenvolvimiento de la sociedad.

Quienes asuman actitudes reñidas con la ley y con la moral y las buenas costumbres, no solo merecen el desprecio de la ciudadanía, sino también que el peso de las sanciones que contemplen textos violados caigan sobre sus cabezas.

Ahora mismo ¿hay razón para que exista un clima tenso? Es justo haber provocado situaciones en desaprensivos que no saben discurrir, analizar, sino esgrimir las pavorosas armas de fuego que portan, a lo mejor sin permiso legal, para llevar luto y dolor a una sociedad que tiene que rechazarlos?

Las votaciones del pasado 16 se desarrollaron en un ambiente ordenado y festivo.

Las dificultades comenzaron después de las seis de la tarde.

Cinco días es un plazo más que suficiente para la Junta Central Electoral (JCE) diga la palabra final del escrutinio.

Y entonces, quienes no están conformes, pues que recurran a las impugnaciones de lugar.

A lo que no hay derecho es a mantener en vilo a una sociedad que no lo merece. A una sociedad que cree en la democracia que siempre es amenazada por farsantes.

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