ROSARIO ESPINAL
Es hora de eliminar del suspenso político dominicano la idea de que en el país podría generarse con facilidad una situación de ingobernabilidad. No hay crisis de gobernabilidad ni tampoco condiciones para que ocurra en estos momentos. En una democracia electoral como la dominicana deben darse dos condiciones básicas para que se genere una crisis de gobernabilidad: el colapso de la credibilidad de todos los partidos importantes del sistema político y la carencia de mediadores extra-partidos que concilien los principales conflictos políticos. En el país no se presentan ninguna de estas dos circunstancias.

El presidente, electo con una clara mayoría, mantiene a casi un año de su elección el mismo nivel de popularidad según los sondeos de opinión pública. El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a pesar de las protestas de miembros por puestos y beneficios, no exhibe grandes dificultades internas. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que controla el Congreso, ha demostrado que a pesar de su marcada tendencia a la desorganización y al conflicto, está dispuesto a contribuir para preservar su existencia. Los mediadores extra-partidos son expeditos en sus funciones ante los tranques políticos. Y los principales problemas macroeconómicos del 2003-2004 se han ido solventando en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que produce certeza a los empresarios nacionales e internacionales.

Por todas estas razones hay que remarcar que en el país no hay ingobernabilidad y que debe cambiarse la interpretación que con frecuencia se hace de los conflictos políticos. Tampoco hay que aceptar la idea de pactar bajo cualquier circunstancia para evitar una crisis de gobernabilidad, porque bloquear las transformaciones necesarias para enfrentar los problemas del país por un supuesto temor a la ingobernabilidad sólo fortalece a los desestabilizadores políticos.

Es cierto que los desenfrenos del gobierno anterior crearon incertidumbre e inseguridad preelectoral y empujaron la política dominicana hacia la ingobernabilidad. Pero el proceso electoral concluyó satisfactoriamente y las elecciones sirvieron no sólo para elegir un nuevo gobierno, sino también para reconfirmar la determinación del pueblo a elegir sus gobernantes y el peso de los actores políticos extra-partidos como la iglesia católica, los medios de comunicación y los embajadores de diversos países en la resolución de las crisis.

También es cierto que el sistema de partidos se tambalea porque el PRD y el PRSC transitan por procesos complejos de reestructuración. Pero si alguno de estos partidos no diera el salto a la institucionalización, no necesariamente colapsaría el sistema de partidos; podría simplemente modificarse su composición aunque el proceso sea tormentoso. Por eso, es tiempo de colocar en un escenario secundario los frecuentes conflictos intra- e inter-partidarios que desgastan las energías políticas y agobian la ciudadanía.

Es momento de aunar esfuerzos como nación para enfrentar cuatro grandes problemas que de permanecer irresueltos impedirán un salto al progreso y sí podrían socavar la gobernabilidad democrática.

1) La ejecución a cabalidad de los procesos judiciales contra funcionarios públicos y privados que cometieron grandes desfalcos en perjuicio del pueblo. La credibilidad futura del gobierno actual y del sistema político dominicano en general está íntimamente ligada a la ejecución satisfactoria de estos procesos, porque la impunidad de hoy será probablemente retribuida mañana con un desplome de la confianza en el gobierno.

2) La reactivación económica para superar los efectos recesivos generados por los fuertes ajustes financieros de los últimos meses. Para que la reactivación sea duradera no puede sustentarse fundamentalmente en la inversión pública, sino en la motorización de la economía privada mediante, entre otras cosas, una reducción en las tasas de crédito. Aunque disguste a los ahorristas y a muchos banqueros que se benefician del rentismo improductivo, las tasas bajas de interés son cruciales para generar y sostener el dinamismo económico.

3) Garantizar una efectiva seguridad ciudadana y sanear el aparato militar y policial. La desconfianza social que trae la delincuencia y el narcotráfico, amparados por las fuerzas del orden público, representa un gran riesgo para la estabilidad del sistema democrático; porque cuando el terror prevalece, la ciudadanía se inclina por un Estado autoritario que enfrente la violencia con violencia.

4) Mejorar la calidad de los servicios básicos a la población. Está comprobado en investigaciones empíricas de la política que a mayor satisfacción ciudadana con la oferta de servicios públicos, mayor confianza en las instituciones públicas y mayor estabilidad del sistema democrático.

Con estos grandes retos por delante, es hora de terminar con el espectáculo político fundamentado en el chantaje de la ingobernabilidad y con el conservadurismo político que impide reformar. La garantía de estabilidad democrática radica en despojar al sistema político dominicano del suspenso permanente que promueven los partidos y que genera indignación y desconfianza en la gente porque prevalece una situación de impunidad, de desprecio a las leyes e instituciones y de irrespeto a la ciudadanía.