En la República Dominicana no hay una legislación que genere el uso social de la vivienda, pese a que es un derecho fundamental, consagrado, afirma el consultor jurídico de la campaña “Casa Ya”, Jaime Rodríguez.

Afirma como el Estado, en términos formales, se reconoce con la obligación positiva de proveer ciertos servicios básicos a la ciudadanía, entre ellos, la vivienda.
Manifestó que la vivienda, como derecho, se prioriza el asentamiento de interés social.

Por lo que Rodríguez expresa que la política del Estado no debe ser simplemente construir viviendas, sino atender de manera prioritaria a los sectores de la población que están en mayor desventaja en relación a los otros sectores y a los sectores de la población que tienen necesidades diferenciadas, como los discapacitados.

En lo que respecta al derecho de la propiedad, el abogado sostuvo que la Constitución dominicana establece de manera expresa que este bien tiene una función social que implica beneficiar a la ciudadanía.

Dijo que por lo regular, en el mercado hipotecario se incentiva este sector, con la reducción de los plazos para ejecutar garantías hipotecarias.

“Pero no hay regulaciones que garanticen ese uso social de las viviendas, que generen un contra sentido, como la capacitación de propiedad”.

Estimó que las viviendas podrían estar destinadas al alquiler, a precio asequibles. En esta parte, criticó que propietarios entiendan que el precio del mercado para alquilar sus casas no satisfacen sus intereses.

Recomendó que desde el punto de vista jurídico se haga una visión constitucional con relación al derecho a la vivienda, regulado en el artículo 59.