Las razonadas críticas hechas la semana pasada por el capitán de industria José Miguel Bonetti Guerra al sistema eléctrico nacional dizque han causado perplejidad a ciertos sectores del empresariado. No les creo. Ese impostado asombro quizás no es más que otra muestra de la insolidaridad de ciertos grupos empresariales más empeñados en agradar al gobierno que en procurar una solución a la trágica falta de luz.

Según los reportes de prensa, “el empresario Bonetti Guerra, del Grupo Mercasid, se quejó ante el presidente Leonel Fernández, de que el país tiene uno de los peores servicios de electricidad del mundo, ‘con apagones, altos costos, una excesiva e innecesaria burocracia estatal, el no pago de servicios por parte de la población y una pérdida, en las líneas de distribución, de energía producida’ ”. Bonetti Guerra habló como orador principal del acto de aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, al que asistieron el Presidente, la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, varios secretarios de Estado y los principales industriales del país. 

La prensa añadió que Bonetti Guerra dijo que el contribuyente aporta enormes recursos “para una burocracia parasitaria en Edenorte, Edesur y en las múltiples y cada vez crecientes nuevas dependencias del sector energético estatal”. Calificó como desafortunada la nacionalización hace siete años de Edenorte y Edesur.

Aunque las críticas de Bonetti Guerra tienen como causa lo que está a la vista, que es quizás el mayor punto flaco de la administración del Presidente Fernández, me parece que  es una injusticia calificar de igual manera a todo el sector eléctrico oficial, pues en efecto hay partes de él que operan sin subsidios, sin sueldos abultados ni personal supernumerario y cumpliendo eficazmente su razón de ser. Mientras los principales responsables en materia de electricidad del sector público continúen fomentando una relación adversarial con el empresariado, llegando al tremendismo de acusarlo de haber “fracasado” en las empresas eléctricas, seguirá siendo casi imposible solucionar el actual estado de cosas.

Al fin y al cabo los funcionarios públicos son empleados indirectos del empresariado, puesto que sus impuestos son la fuente de sus salarios y el dinero que invierten o malgastan. Lejos de causar perplejidad, pues, las declaraciones de Bonetti Guerra deben servir de termómetro para ver cuán alta es la fiebre del paciente moribundo cuya salud es indispensable al crecimiento y progreso del país.