¡No hay solución!

¡No hay solución!

MANUEL E. GÓMEZ PIETERZ
Según Ortega y Gasset, lo característico de las crisis es que en ellas inicialmente nadie sabe que hacer.  En la nuestra,  que es total, ese no saber hacer constituye su permanente sustancia. Es permanente porque de hecho es un no querer saber por quiénes la negocian y manipulan, para no exponer ocultos objetivos políticos. Tenemos un gobierno que parece ignorar para quiénes debe gobernar, cuán profunda y peligrosa es esta crisis y qué tan decisiva para el futuro de esta nación es la presente coyuntura política. Los acontecimientos confirman cada vez más que los nuevos gobernantes han optado por aceptar la historia oficial de quienes saquearon, orgiásticamente depredaron, moralmente rebajaron y políticamente deconstituyeron al país en el más nefando cuatrienio de su historia republicana. 

Historia oficial que pretende explicar el pésimo desempeño del anterior gobierno, por una crisis bancaria intencionalmente creada y desatada por el mismo gobierno para apropiarse ilegítimamente de cuantiosos bienes con fines reelectorales.

Como agravante factor coyuntural, se agrega a la crisis la presencia del Fondo Monetario Internacional, que pretende salvar al paciente en el largo plazo, matándolo en el corto con sus continuas demandas de drásticas reformas tributarias que agravan los efectos de la crisis en las capas sociales menos pudientes y afecta muy severamente la popularidad del gobierno.  Tuerta política del Fondo que lo priva de la visión en profundidad de los graves efectos sociales de la crisis.  Son pretexto de “disciplina fiscal”, nos someten a una terapéutica económica que se propone curar un cáncer estructural mediante una posología de aspirina para niños.

Pero, ¿qué ha ocurrido en nuestro país que nos ha llevado a esta situación de escéptica desesperanza?  Ha ocurrido que nos hemos convertido en una sociedad urbana con una estructuración territorial arcaica. Pre-urbana. Ya somos ¡un país “urbanizado” caóticamente “organizado”! Comenzamos a serlo cuando la mayoría de nuestra población abandonó las áreas rurales para concentrarse en núcleos urbanos y dar lugar a un cada vez más dinámico proceso de urbanización.

El paso a la actividad de la urbe implica un cambio revolucionario.  La actividad económica se potencia. Las unidades productivas se multiplican y diversifican cada vez más. Surgen nuevas oportunidades de inversión y capitalización y nuevos grupos de ricos y poderosos; pero su positivismo está sujeto a la condición de un adecuado reordenamiento de la estructura territorial, para evitar que la rapacidad política secuestre en beneficio propio los cuantiosos recursos territoriales del país.  El planeamiento territorial se plantea como la más urgente decisión económica del momento, y su adecuada expresión constitucional como la más importante reforma política.

Hagamos un desordenado y breve recorrido sobre algunos de los temas  que recientemente han sido objeto de la opinión pública y de la preocupación ciudadana.  Comencemos por los miembros de un Congreso que sólo se representan a sí mismos. Su disposición a zarandear la Constitución de la República en aras de la perpetuación de “sus curules” y su febril afán de atomizar la división provincial del país, tienen el oculto designio de perpetuar el dominio territorial en sus respectivas comarcas.

El desparpajo prevaleciente en el transporte a nivel nacional, el más importante de los factores urbanos, distorsiona la distribución espacial de las unidades productivas, y consecuentemente genera gravosos cuellos de botella y deseconomías externas.  Esta situación demanda urgentemente el  reordenamiento previo de las estructuras territoriales urbanas.  La falta de tal reordenamiento en la urbe de Santo Domingo es lo que convierte al controversial proyecto del metro, en un altruista intento de colocar la carreta delante de los bueyes.

En el sector de las telecomunicaciones, los entendidos consideran que existe una situación que requiere la urgente y definitiva reasignación de frecuencias de radio y canales de televisión, tanto en VHF como en UHF. Estamos aquí ante un grave y crítico problema de conflicto de intereses en un sector altamente estratégico política y económicamente, y ante una necesidad evidente de ordenamiento territorial a nivel nacional.

El escandaloso caso del aeropuerto “Quirino” en la provincia  de Elías Piña, en una finca propiedad de quien resultó ser un narcotraficante de fuste, aeropuerto que fue diseñado y construido –aunque no pagado– por nuestros estamentos militares; jamás hubiera ocurrido de haber existido una adecuada –y respetada– regulación territorial.

No cabe duda de que el lavado de dinero ha transformado espectacularmente el perfil urbano de Santo Domingo.  Cuando de lavado se trata, el costo no es una limitante, sino una conveniencia. Las costosas torres inflaron desmesuradamente el valor de la tierra afectando muy adversamente a la población de clase media hacia abajo. El gobierno, en vez de corregir tan negativa distorsión, ha aumentado para fines impositivos y a nivel confiscatorio para la clase media, el valor de la vivienda, lo cual anticipa una adicional jornada de contestación, lucha e impopularidad gubernamental.

Y qué decir de la desprotección de nuestros parques nacionales para exponerlos al vandalismo comercial de la corrupción política. O de la criminal transacción para convertir nuestro territorio en destino de desechos tóxicos como el aún impune caso del rockash en Monte Cristi y Samaná;  dos promisorios destinos turísticos. El expoliador vandalismo territorial es la potenciada modalidad que asume la corrupción política en nuestra actual sociedad urbana. No se nota en el actual liderazgo de los mayores partidos políticos del país otro esfuerzo que el de reorganizarse para mantener los irritantes privilegios del statu quo; no para superarlo.

La peligrosidad de la presente coyuntura histórica estriba en que la pesimista sospecha de que sólo un posible estallido social ofrecería la ocasión y el liderazgo para la superación de esta crisis, mute de sospecha a convicción.  Porque hoy por hoy, parece ¡no haber solución!

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